La
evidencia empírica sugiere que la presencia militar en la vida política de
Venezuela ha sido una constante. Desde la tumultuaria y acomodaticia montonera
del siglo XIX, hasta la elaborada práctica del "Golpe de Estado" durante el siglo XX y los inicios del XXI, los
militares han fungido, en una compleja relación con el sector civil, como
árbitros entre las facciones en pugna cuando no parte activa de ellas. Como solución
expedita a nuestras crisis políticas, el “Golpe
Militar de Estado” parece haber sido bálsamo para ambos mundos, esto es,
tanto el civil como el militar, útil para restañar viejas heridas, corregir entuertos
y, sobre todo, para cumplimentar intereses o aspiraciones.
En
el trance del golpe parece producirse un discurso de origen militar, que se
traduce en proclamas y comunicados. El conjunto de artículos que culmina en
estas líneas pretendió elucidar si tal discurso era único de una clerecía
militar o más bien obedecía al contexto histórico del golpe; si resultaba
además producto de la conveniencia de una relación civil-militar, surgida como
resultado histórico o como necesidad mutua coyuntural; y, finalmente, si el
lenguaje político que permitía su difusión, resultaba propio del momento o
natural de una preexistencia pasada, anclada en la historia patria.
Se
entendió el discurso en el contexto de los actos
de habla de Jhon Austin, la intencionalidad
de Quentin Skinner y el concepto de lenguaje
político del J.G.A Pockock, concibiendo al discurso como un conjunto
estructurado de actos de habla, cuya intencionalidad, por parte de quien lo
emite o escribe, es obtener algún resultado concreto en quien lo escucha o lee;
que se expresa en un lenguaje político que recoge la forma de ser y de vivir de
un tiempo, siendo la historia del discurso la historia del “pensamiento político”, reclamando además
el discurso en sí mismo, su condición histórica al convertirse en la voz
audible y legible de un acontecimiento o tiempo histórico.
Así las
cosas, se escogieron textos de las proclamas y comunicados emitidos durante las
primeras horas de los golpes militares de Estado más representativos en la
Venezuela del siglo XX y los inicios del XXI, a saber, aquellos acaecidos en
las siguientes fechas 18/10/1945, 24/11/1948, 23/01/1958, 04/05/1962,
02/06/1962, 04/02/1992, 27/11/1992 y 11/04/2002.
Asimismo,
se tomaron muestras del documento fundacional de las Fuerzas Armadas de
Liberación Nacional (FALN), fechado el 22/02/1963 y de la interpelación en la
Asamblea Nacional a los oficiales complotados en el golpe militar del
11/04/2002, más específicamente aquella correspondiente al Vicealmirante Héctor
Ramírez Pérez, con fecha 16/05/2002.
De
los textos examinados se pudo colegir:
1.-
La referencia casi constante al “sagrado
deber”, indeclinable además, de proteger la vida de la “Patria”, deber entendido en términos
omnicomprensivos y universales, esto es, en dimensiones que superan el tiempo y
el espacio.
2.- La obligación de mantener el “orden”, entendiendo este último como una concepción restringida, al contrario del “sagrado deber”, por cuanto se refiere al “orden” entendido por quienes conducen el golpe, concepción que etiquetada del mismo modo con independencia de la tendencia ideológica de los complotados, se refiere a una idea de “orden” particular: “el orden es el orden que nosotros queremos”. Esta idea del “orden” parece, en parte, sugerir la concepción en la cual se basa el ordenamiento militar y que se soporta en tres pilares fundamentales: “disciplina, obediencia y subordinación”.
3.- La referencia sistemática y permanente al respeto a las “leyes” y a la preservación de la “democracia”, entendida esta última en el mismo sentido restringido que el “orden”, esto es: “derrocamos esta democracia por y para imponer nuestra idea de democracia; derogamos estas leyes por y para imponer nuestras leyes”.
4.- La apelación constante a la defensa del “Pueblo” y sus intereses, por lo que el estamento militar debe intervenir para garantizar su vida y su futuro, “en democracia y bajo el respeto de las leyes”. Acaso una visión tutelar que se remonta a la creación de un “Ejército Nacional” organizado a los fines de garantizar la existencia de una concepción hegemónica de “Estado-Nación”.
5.- La significación del “sacrificio de, para y por las Fuerzas Armadas”, identidad colectiva que los complotados se arrogan casi unánimemente, “sacrificio” más que justificado en función de la preservación de la unidad de la institución armada.
En
otro orden de ideas, fue posible determinar que los conceptos “Patria”, “Pueblo”, “Libertad”, “Sacrificio”,
“Nacionalidad” y “Unidad”, valores esencialmente republicanos, son casi
constantes en todo el discurso militar, con independencia de su fecha y
contexto político, lo que pareciese
sugerir la presencia inconfutable del “republicanismo
bolivariano” como lenguaje político de primer orden, mismo que ejerce una
suerte de integración vertebral del discurso castrense antes, durante y después
del “Golpe de Estado”.
Resulta importante mencionar en esta etapa conclusiva que las referencias historiográficas halladas en el entorno a la búsqueda de datos contextuales acerca de la ocurrencia de los golpes de Estado, permitió distinguir la presencia civil de personajes, partidos y/o grupos políticos de diversa índole, desde la calidad de combatientes activos en los hechos de armas registrados en ellos, hasta la planificación y posterior presencia en los gabinetes de gobierno si hubiese triunfado la asonada, lo que permite colegir la existencia de un “viejo condicionante umbilical militar-civil y civil-militar”, cuya energía vital pareciese provenir de la “coyuntural coincidencia de intereses” en la pugna por el poder político en Venezuela, con independencia del tiempo histórico sujeto a investigación.
Sobre
la redacción de las proclamas y/o comunicados y su conveniencia o complacencia
de sus contenidos respecto del sector civil participante del manazo, solo
pudimos hallar tres referencias concretas; la primera, la presencia de Rómulo
Betancourt como redactor del o los borradores del comunicado N°1 al país, con
ocasión del 18 de octubre de 1945, con la anuencia de sus socios militares; la
presencia del Doctor Miguel Moreno como parte de los redactores del comunicado
N°6 dirigido por la Junta Militar a las Fuerzas Armadas Nacionales, con ocasión
del golpe militar del 24 de noviembre de 1948, que por su publicitación,
contaba sin duda con la aprobación de ambas partes; y la redacción conjunta
civil-militar tanto de la proclama de los alzados en Carúpano, el 4 de mayo de
1962, como de los mensaje radiados
durante el alzamiento militar de Puerto Cabello, el 2 de junio de 1962. Un
esfuerzo equivalente y mediante inferencia propia, se nota en la redacción del
documento fundacional de las FALN, fechado el 22 de febrero de 1963, inferencia
que se basa en una observación empírica: el documento es firmado tanto por los
militares como por los jefes guerrilleros comprometidos, todos en su mayoría
civiles (excepción hecha del Capitán Elías Manuit Camero).
Finalmente,
es posible colegir que el discurso militar de los golpes de Estado responde a
una manera de hablar que caracteriza a los valores y tradiciones del mundo de
uniforme y sable, lo que permite también inferir que el lenguaje político en el
que se expresan los discursos militares de los golpes de Estado, tiene la parla
histórica de las tres inquietudes planteadas como interrogantes: es ciertamente
un lenguaje de clerecía, atravesado por el lenguaje político del republicanismo
bolivariano que viene de nuestro pasado libertario y que se “prenda” de los contenidos ideológicos o
los intereses concretos verbalizados de los grupos civiles que participan como
socios activos de la asonada. Así, es a veces “revolucionario” y en otros “progresista”
pero indefectiblemente “orlado” por “el afán democrático y el respeto a las leyes”; “democracia” y “leyes” que deberían obedecer al final, al modelo que se aspira, se
desea o de manera irrestricta se imponga por la fuerza de las armas…. Manu militari quietum servitium….Dixit…
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