En
los dos artículos precedentes, hicimos referencia al papel protagónico que el
estamento militar tiene en Venezuela, tanto en calidad de árbitro en las
disputas políticas críticas, casi siempre por invocación civil, como en su
definitiva promoción intencionada “a
motus propio”. Miembros de la institución armada, en no pocas ocasiones
durante nuestra historia política patria contemporánea, se han arrogado en el discurso
el mantenimiento del “orden interno”
como su “sagrado deber” y, en tal
sentido, la manifestación referida ha dotado a los conjuntos estructurados de
sus actos de habla, con la fuerza necesaria (ilocucionaria en unos casos y
resueltamente perlucionaria en otros) para justificar la acción de armas contra
el gobierno en funciones, mejor conocido como “el Golpe Militar de Estado”.
La “legitimación
constitucional” que tal intervención parece permitir, ha servido a diversos
grupos militares y en diferentes momentos, de convincente argumento para
derrocar o intentar derrocar al “orden
interno”, que un día jurasen defender. Así por ejemplo, en la primera
proclama de la Junta Cívico Militar de gobierno, autodenominada por cierto “Junta Revolucionaria” y que resultase
con ocasión de la rebelión del 18 de octubre de 1945, puede apreciarse un texto
que reza “…el Ejército y el pueblo unidos
contra el funesto régimen político que venía gobernando el país…”[1]
acto de habla que no deja margen a equívocos: el Ejército se declara “unido al
Pueblo” en contra de un “régimen
funesto” y, así, “en conjunto”,
deciden comprometerse en la creación de un “nuevo
orden”, mediante la defenestración ipso
facto del preexistente.
El
24 de noviembre de 1948, en un nuevo ejercicio “del ademan y del gesto”,… “las
Fuerzas Armadas Nacionales, ante la incapacidad del gobierno nacional para resolver las crisis existente en el país
(…) han asumido plenamente el control de la situación para velar así por la seguridad
de toda la Nación…” [2]
Ante la incapacidad del gobierno para “resolver
la crisis”, el estamento militar, como garante del “orden interno”, cumple el “indeclinable
deber” de asumir el control para velar por la seguridad de la nación. Nadie
debería dudar de la legitimidad del manazo: “el sagrado deber militar por la patria debe cumplirse a cabalidad”.
Diez
años más tarde, el 23 de enero de
1958,…“las Fuerzas Armadas Nacionales (…)
han resuelto poner término a la angustiosa situación política por la que atravesaba
el país…”[3];
más allá de lo dispuesto en la Constitución de 1953, decide romper con ese
orden constitucional (por espurio que sea su origen) para ir en pos de su “deber patrio”, invocando una vez más y como razón de peso, la “angustiosa” situación que atraviesa el
país. En dos oportunidades, un sector de las Fuerzas Armadas “resuelve” de hecho y en otra invoca su
unión con “el pueblo”, para, del mismo modo, “resolver
de facto” la situación política.
Con
independencia de si los complotados militares son de “derechas” o de la más revolucionaria de las “izquierdas” (haciendo uso de una antipáticamente anacrónica forma
de ubicar ideológicamente a los actores, que se remonta a los tiempos de la
tumultuaria Asamblea Nacional francesa revolucionaria), la invocación al “deber patrio en pos de la garantía del orden
institucional”, se sigue proclamando. El 4 de mayo de 1962 “el
Comando de la Guarnición de Carúpano informa a los compañeros de armas y al
pueblo de Venezuela que (…) ha decidido, conjuntamente con las fuerzas populares,
asumir una actitud responsable y patriótica ante la trágica situación que vive
el país…”[4]
Una nueva “situación trágica”, una
nueva conjunción de “pueblo y soldados”, llama a la recuperación de la “Patria”, haciendo uso del “legítimo derecho” que como parte del
estamento militar, tiene este grupo declarado en rebeldía, en lo tocante a “cumplir y hacer cumplir” las leyes de la
República.
Fracasados
tanto el intento de golpe del 4 de mayo de 1962 (El Carupanazo) como su contemporáneo del 2 de junio del mismo año (El Porteñazo), ambos fraguados al
interior de las Fuerzas Armadas, con la participación civil de dirigentes y
militantes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR), los miembros del aparato militar de ambos
partidos y una nutrida parte de los oficiales participantes en ambas asonadas,
fundan las llamadas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y su aparato
político: el Frente de Liberación Nacional (FLN). En su comunicado fundacional,
los miembros militares (acompañados por los jefes guerrilleros) afirman en un
par de los considerandos del documento en referencia que “...el actual gobierno ha traicionado los principios que sustentaron su
elección …” y que “…es deber de la Oficialidad rescatar la
Institución Armada, para que cumpla sus elevadas funciones de salvaguarda de la
Nacionalidad …”[5] De nuevo y más allá de “los principios democráticos generalmente aceptados”, los oficiales
militares invocan su deber de protección de esos “otros principios”[6]
que sustentan la elección de un gobierno, así como la “salvaguarda legítima” de la nacionalidad. Representa una apelación
a las invocaciones del pasado, concretamente aquellas que pertenecen al corpus
sagrado de los deberes del más puro republicanismo, entre ellos el de mayor
significación: “la supervivencia a todo
evento de la patria”.
Con
ocasión del fracaso del intento de golpe militar del 4 de febrero de 1992, uno
de sus líderes más connotados, el Comandante Hugo Chávez Frías, expresa (en el
discurso televisado que lo impulsará políticamente hacia el futuro, en alas de
un escueto “por ahora”) que “…nosotros, acá en Caracas, no logramos
controlar el poder (…) ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas
situaciones…”[7]
Ese par de actos de habla, acaso no intencionados como discurso, ya que se
trata de la exhortación de quien derrotado militarmente, solo advierte a sus
compañeros de armas el fracaso de la intentona, parecieran apelar a una suerte
de “incuestionable derecho militar” a
intervenir: “nosotros no logramos
controlar el poder”. Pero más aún, nos atrevemos a invocar a la reflexión y
la esperanza: “somos nosotros los que
determinaremos nuevas situaciones”. Es posible se trate del papel tutelar
que “los civiles atrapados en un brete”,
le otorgan al militar venezolano en la vida política nacional y que acaso, escondido en un par de sencillos actos
de habla, se manifiesta inconsciente en el discurso político militar.
Otro
tanto se advierte en la proclama de los alzados el 27 de noviembre de 1992,
asonada en cierto modo hermanada con la del 4 de febrero del mismo año. Los militares
insurrectos justifican su acción en los siguientes términos “lo hacemos inspirados por la angustia de
nuestros compatriotas, civiles, hombres de uniforme…” Una vez más, como sus
lejanos compañeros del 23 de enero de 1958, esta nueva agrupación militar “atiende al llamado” de sus
compatriotas, tanto civiles como militares, ante una “situación angustiosa”. Una nueva invocación al cumplimiento del “indeclinable deber por la patria” y
ante “las angustias de un pueblo sufrido
y sufriente”.
Mientras
que nueve años y casi seis meses después, otros compañeros de armas del “Comandante Supremo del 4F”, habiéndose
trocado este último en Presidente de la República en dos ocasiones - virtud de
una novísima Constitución Nacional, además aprobada por la población y por vez
primera en la historia nacional a través de un referéndum consultivo, lo que
pareciese no volver a ocurrir de nuevo - declaran categóricamente en una
asonada para derrocarlo: “Nosotros,
representantes genuinos de la Fuerza Armada, hemos decidido desconocer el
actual régimen de Hugo Chávez Frías…”. Otro grupo, otra invocación a lo “genuinamente militar”, otra
justificación para cumplir el “sagrado
deber” de decidir acerca del destino de la “Patria”, por supuesto: “solicitud
y complicidad civil mediante”.
El Vicealmirante
Héctor Ramírez Pérez, el oficial naval de más alto rango involucrado en la
intentona del 11 de abril de 2002, afirmó en su interpelación por ante la Asamblea
Nacional, el 16 de mayo del mismo año “…la
Fuerza Armada Nacional como garante del orden interno de la República le
solicitó al doctor Pedro Camona Estanga como genuino representante para ese
momento del sector civil, que aceptara la conducción del gobierno de
transición…” Esta manifestación
expresa se reviste por si sola de los contenidos que refuerzan la argumentación
sostenida hasta este momento: la internalización militar de que la condición de
“garante del orden interno”,
proporciona la capacidad para “escoger”
a quien debe representar al “sector
civil”, vale decir, al resto de la población, y decidir, más allá de esos
principios constitucionales, la existencia de un “gobierno de transición”. La “Patria
y el Pueblo”, siempre primeros pero… ¿Cuál
Patria y cuál Pueblo?
Otra invocación reiterada en el discurso militar de la asonada, es aquella relativa a la “democracia”, sus principios y la materialización de estos últimos en los preceptos constitucionales. “Democracia y constitucionalidad” derroteros fundamentales para un “pueblo próspero y feliz”, aunque para ello tengan que obviarse esos principios “temporalmente”.
El
18 de octubre de 1945, la Junta de Gobierno, en el comunicado N° 1 dirigido a
la nación, argumenta que la acción de armas del Ejército junto a la
participación del pueblo “…ha contribuido a que Venezuela comience a
incorporarse al número de las Naciones realmente democráticas de América…” afirmación que pudiese tener una
justificación subyacente, expresada en los siguientes términos: “derrocamos al gobierno constitucional pero,
gracias a ello, hemos incorporado a la patria a la lista de las naciones
democráticas del continente”.
Un subterfugio equivalente parece apreciarse en esta manifestación discursiva (de singular fuerza perlucionaria) de quienes dan el golpe militar el 24 de noviembre de 1948, “…del rápido restablecimiento de la normalidad, depende el encauzamiento hacia un orden constitucional adecuado a la verdadera realidad venezolana y surgido de la voluntad nacional, libre e imparcialmente manifestada a través de las organizaciones políticas.”[8] Son las Fuerzas Armadas las que decidirán cuando habrá de restablecerse la normalidad, así como la naturaleza de un orden constitucional adecuado a la verdadera realidad venezolana, aunque, contradictoriamente, este surja de “la voluntad nacional libre e imparcialmente expresada”. Este conjunto de actos de habla parece sugerir que si a las Fuerzas Armadas no le pareciese “adecuado” el orden surgido de la voluntad nacional, este último bien podría ser defenestrado nuevamente, en aras “del rápido restablecimiento de la normalidad”. La fuerza militar se auto proclama, una vez más, como garante del “orden democrático”.
Esa
manifestación discursiva que coloca al estamento castrense como “fiel espaldero” de la democracia, se
repite el 23 de enero de 1958 cuando el grupo militar triunfante, justifica su
intervención ante el país “…a fin de
enrumbarlo hacia un Estado democrático de Derecho…”[9]
Mientras sus pares de uniforme, opuestos (diametralmente) ideológicamente,
declaran, el 4 de mayo de 1962, que su
movimiento “…tiene entre sus finalidades
esenciales restaurar la vigencia plena
del sistema democrático…”[10]
Una
percepción semejante se aprecia en los fundadores de las FALN, cuando afirman
que el gobierno de Rómulo Betancourt ha traicionado a sus electores
mayoritarios, “…colocándose al margen de
la doctrina democrática y violando la Constitución Nacional.” Treinta años más tarde, son los militares del
MBR-200 y sus colaboradores civiles, actuando en contra del sistema político
que instaurase Betancourt, los que afirman en boca del Comandante Chávez que “…el país tiene que enrumbarse
definitivamente hacia un destino mejor…” lo que pareciese sugerir que su
anterior devenir no resultaba calificable de tal, ergo, “nosotros sabemos cuál debería ser ese destino mejor”. En
un mismo sentido discursivo, el grupo militar conspirativo del 27 de noviembre
de 1992, afirmaba resueltamente que su intencionalidad tenía “…la firme orientación de rescatar la
dignidad nacional, de restablecer el pleno ejercicio de la democracia y
preservar el gentilicio nacional… ”
Y,
paradójicamente, la logia militar que se enfrenta en 2002 a aquella derrotada
en 1992, pero triunfante por vía electoral – gracias a los principios constitucionales
de 1961 - en 1998 y siendo gobierno en 2002, gracias a la constitucionalidad de
1999, afirma prorrumpir en asonada esencialmente “….por la restitución de la patria, el sistema democrático y sus
instituciones…” Golpe militar y democracia: una sorprendente visión
esquizofrénica y por ende contradictoria de la realidad. Hablando con extremo
simplismo y tomándonos la licencia de una conjugación en primera persona: “…derroco a la democracia por más y mejor
democracia; desconozco a la Constitución por una Constitución mejor; incumplo las leyes de la República por una
República democrática, constitucional y, sobre todo, legítima y legal…”
En otro orden de ideas, “Pueblo, Patria y sacrificio” son conceptos que sirven al propósito
de estructurar lo que podríamos llamar
la tercera fase del discurso militar de la asonada. El “Pueblo” como sujeto de la acción y la “Patria” que lo contiene como justificación plena del sacrificio
extremo. Y el sacrificio de las Fuerzas Armadas como ejemplo supremo de “auto flagelación honrosa” por la Patria y su vida, es decir, la materialización
concreta de la máxima bolivariana “el que
da todo por la Patria, nada pierde y gana todo cuanto le consagra.”
Clara
manifestación hace la Junta en 1945 “…el
Ejército y el pueblo unidos…” para concluir que nada hubiese sido posible
sin “… el desinterés generoso y
patriótico de la oficialidad, clases y soldados del ejército, la marina y la
aviación…” En 1948 y en el
Comunicado N°6, dirigido por la Junta Militar a los miembros profesionales de las Fuerzas Armadas,
el alto mando en funciones declara que en 1945 “…las Fuerzas Armadas dieron entonces un
ejemplo de desprendimiento (…) al no querer el poder para sí…” Para
refrendar previamente y en el comunicado N°1 dirigido al país nacional con
ocasión de la rebelión militar que “…las
Fuerzas Armadas Nacionales dejan informada a la Nación de que una vez más están
cumpliendo con los sagrados deberes a ellas encomendados.”
El
23 de enero de 1958, la claque de turno hace este exhorto “Las Fuerzas Armadas Nacionales en atención al reclamo unánime de la nación
y en defensa del supremo interés de la República…”; mientras los oficiales
complotados en el movimiento del 4 de mayo de 1962, paradójicamente,
reiteramos, de signo ideológico contrario, afirman “Parciales como somos del cumplimiento de las leyes de la República y
socios como somos de la vida de los venezolanos…”
Los
oficiales de las FALN y citando de nuevo el considerando N°2, correspondiente a
su comunicado fundacional, de fecha 22 de febrero de 1963, manifiestan que “…es deber de la Oficialidad rescatar la
Institución Armada, para que cumpla sus elevadas funciones de salvaguarda de la
Nacionalidad y sostén de las Instituciones Democráticas de la República…”
Casi seis lustros más tarde, los militares comprometidos en la asonada del 27
de noviembre de 1992, asumen el sacrificio patrio cuando declaran “…No nos guía una idea mesiánica ni actuamos
inspirados por bastardas ambiciones personales (…) Lo hacemos por la angustia
de nuestros compatriotas, civiles, hombres de uniforme y por el legado histórico de nuestros
libertadores.”Y un
ejemplo de “suprema inmolación” por
la “Patria”, el “Pueblo” y sus subalternos militares, parece hacer el Comandante
Chávez cuando afirma, con la gravedad que el momento impone “…yo, ante el país y ante ustedes, asumo la
responsabilidad de este movimiento militar bolivariano.”
Pero
una conducta de particular renunciación, parece repetirse en el Vicealmirante
Héctor Ramírez Pérez cuando en su interpelación ante la Asamblea Nacional, hace
saber
“…una vez en el Palacio poco antes del acto de juramentación del doctor
Carmona, este último me llama a su despacho y me informa de su deseo de
designarme Ministro de la Defensa a lo cual le expresé que en ningún momento mi
actuación obedecía a obtener cargo alguno en el gobierno de transición…”
Así,
en todo lugar y todo momento, los
militares al frente de las asonadas (al menos los aquí citados), llamados con
desprecio, si acaso fuese derrotada, “militares
golpistas”, parecen completar su “gesta”
con “el supremo gesto del sacrificio”,
aspirando dejar claro su compromiso por (y con) la “Patria”, su “Pueblo”, la “Institución Armada” y su impronta
histórica (representada esta última, al menos en todos los casos citados, en la gesta magna y el legado de los padres
libertadores), expresada inequívocamente a través de un discurso cuya fuerza
ilocucionaria está destinada, precisamente, a propalar, a todo trance, la
convicción absoluta en tales principios, haciendo uso de un lenguaje político
signado e impregnado del más puro “republicanismo
bolivariano”, sin supuestos "afanes de grandeza" pero empeñados en llenar de “grandezza renacentista” esas características consustanciales al golpe militar en Venezuela: “el contundente ademán de fuerza y el gesto inequívoco de
desprendimiento patrio”…
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