28 de mayo de 2017

VENEZUELA...:La impronta de la asonada: “el republicanismo del ademán y del gesto”. El discurso republicano como justificación .

Desde el fondo de los tiempos vino su voz primigenia. Desde allá desde las siete colinas de la Roma antigua, de la Roma republicana. Insinuóse en las palabras esperanzadoras de un Cola di Rienzo, que en sueños infantiles de avergonzado lupanar materno, aspira a una sociedad pletórica de virtudes romanas.  Se metió en los intersticios del discurso político, allá en la “ciudad hecha Estado” en pleno renacimiento italiano. Se materializó en verbo para la acción, en la parla consejera acerca del poder político, en un injustamente detractado con el tiempo Nicolás Maquiavelo; mientras en la Inglaterra sacudida por las guerras civiles, encarnóse en parte y contraparte de los discursos contendientes, velándose apenas en las letras de un atormentado Thomas Hobbes y en las cuitas iniciales de un tolerante John Locke.

Remontó las cumbres de los montes Apeninos y aún más allá, de los Alpes e hizo erupción en el volcán rugiente y reivindicador de la Revolución Francesa, alimentando la palabra de Montesquieu, el dicterio acusador de Robespierre y el exordio en respuesta de Danton; arrulló las noches en vela, de jaquecas incontrolables y dolorosamente insoportables del Doctor Marat. Cruzó el Canal de la Mancha y se incrustó en el reclamo de las inveteradas sociedades escocesas, frente a la imposición británica de una sociedad egoísta y comercial. Thomas Ferguson lo hizo suyo y Adam Smith lo pergeñó en su obra.

Atravesó como un celaje el océano Atlántico y se hizo germen en los discursos unionistas de Hamilton, Jay y Madison, los mismos que alimentaron las letras del The Federalist. Descendió una mañana hasta la mente calenturienta del cura Hidalgo y Costilla, en el Querétaro de principios del siglo XIX y otro tanto, con cierta simultaneidad, en los sueños de un Morazán ganado para la idea de la libertad.

Y en el mismo tracto de tiempo histórico, llegó a estas tierras de la entonces Capitanía General de Venezuela, en las letras de un Rousseau de muchos años, vestido además con ropaje jacobino, encendiendo la tea que produjo los hechos del año 1810 y luego los del año 1811.

En efecto, se trata del lenguaje político que hubo de condicionar a posteriori buena parte de nuestro discurso de igual naturaleza: el lenguaje republicano y con él, su consecuencia directa, el republicanismo[1]. Viene con su carga de virtudes cívicas, de dolor patrio, de pueblo, de libertad a toda costa: solo se es libre si se vive en un Estado libre y el pueblo se da sus propias leyes[2].

La República lo es todo, el individuo es apenas una parte de ella. En estas tierras se viste, inicialmente, de aspiraciones y palabras; se decanta en la pluma de un Juan Germán Roscio jurista y patriota, pero sobre todo “civil y cívico”. Se convierte en exhortación revolucionaria en los discursos de Coto Paúl, encendidos de “fervor patriótico”  y expresados en una “sociedad” que se apellida con el mismo nombre de aquella fervorosa invocación.

Pero llega el día en que la pluma se alarga y se acera, convirtiéndose en espada; la negra levita del seminarista, se troca en vestimenta militar improvisada; las mesas y los pupitres de célibe impronta escolar, se convierten en parapetos para una infantería bisoña y mal preparada; los portones de las iglesias fungen como gólgotas para la crucifixión de mártires; y la impronta de los que luchan se toca, aunque modesta y pobremente, de uniformes, charreteras y sables.

Sí: se trata de la guerra. Y con ella, vienen “los soldados”, los protagonistas de la gran gesta emancipadora y al frente de ellos el personaje que habrá de consolidar en sus acciones, palabras, proclamas y discursos, un sincretismo que acompañará la historia política patria desde allí y para siempre: Simón Bolívar, Libertador, el  máximo exponente del republicanismo bolivariano.

Se dará entonces la existencia de dos republicanismos a lo largo de nuestra historia: “el republicanismo racional cívico” y “el republicanismo militar de la acción”. Dos peligros que nos acecharán a lo largo de toda nuestra vida política, incluso (especialmente) en los días que corren: uno, la tendencia a un “republicanismo moralista civil y cívico”, pero tremendamente débil; y otro, “el republicanismo de corte renacentista”, con su afán de grandeza, expedito, militar, de acción pura, aquel que caracterizara la verba galleguiana como “republicanismo del ademan y del gesto”.[3]

Del “gesto” (el “geste francés”) como arresto de violencias nocturnales, acompañadas del frío acero de las armas; del “ademan” como acción tumultuaria e intimidante, basada en el poder indiscutible  del fuego arrasador y de sentirse heredero de glorias pasadas, albacea indisputable de la impronta de Bolívar y garante de la existencia de la “Patria”, sus “instituciones” y su “pueblo”. Del vivac venimos y hacia allá siempre iremos, reza la sentencia ineluctable[4].

Mientras, el resto de la sociedad, incapaz de entender su papel y obnubilada por un discurso proteccionista de su padre indiscutible Bolívar y su albacea indiscutido, el Ejército, cae sumisa ante el “ademan” y temerosa frente al “gesto”. Pero, peor aún, cuando convertida en turbamulta, apela a la invocación desesperada de su presencia como una deidad guerrera de su propio Valhala nórdico o acaso un Marte redentor desde alturas olímpicas,  para que venga a su rescate contra los monstruos que su propia mal entendida “civilidad” ha creado. Es una sociedad sobre la cual “el uniforme, la cachucha  y el entorchado” ejercen particular fascinación.[5]

Y montada en una cureña de existencia cuasi sempiterna, guarda celosa el cañón que la agrede en unas oportunidades y la protege en otras. Mientras vela su sueño el “gendarme necesario” que de vez en cuando o de cuando en vez, decide apelar a su “ademan” y a lo que cree es su románticamente francés “beau geste”.

Así las cosas, es reiterativa en los comunicados de los golpistas de uniforme en sus proclamas y mensajes a la nación, en la oportunidad del manazo, la invocación a una “patria en peligro” y al cumplimiento de su “sagrado deber” en protegerla, invocación cargada de “impronta republicana”.

Las “Fuerzas Armadas han resuelto poner término a una situación angustiosa” , “el comando de la guarnición ha decidido asumir una actitud responsable y patriótica” [6] más allá de las fórmulas protocolares de carácter oficial o las verbalizaciones grandilocuentes para tapar reales intenciones, detrás de estos actos de habla, de incuestionable fuerza ilocucionaria (de subyacente fondo perlocucionario), hay una invocación a un deber sagrado, derivado de la percepción republicana de las virtudes cívicas, interpretadas claro desde un fondo que en lugar de instrumentos de escritura o de labranza,  guarda cañones, proyectiles y naves de guerra. Aún más, sin importar el sesgo ideológico que tenga la  asonada, esto es, sea de izquierdas o de derechas, la invocación es similar, en suma: “la Patria de Bolívar en peligro y nosotros los hombres de armas cumpliendo con nuestro sagrado deber de defenderla”.

De modo que es oportuno preguntarse ¿Se trata de una suerte de venezolanismo militar o más bien de pretorianismo venezolano? Si entendemos  a la “venezolanidad” como el conjunto de creencias, valores y costumbres que definen una identidad venezolana y al “venezolanismo” como una expresión material de esa “venezolanidad o un modismo de venezolanidad”, pareciera no existir la posibilidad de calzarle un apellido de naturaleza cuartelaria como “militar”. Por mucha fascinación que lo militar tenga sobre el común de los venezolanos, en especial sus himnos, invocaciones patrias y exhibiciones de poder de fuego, no es posible acuñarle a todos y todas (para ser consistente con aquello de “la igualdad de género”), además como absoluto universal, ese “vínculo inevitable con lo castrense”. En Venezuela y tal como lo manifiesta el profesor Domingo Irwing, pudiéramos estar en presencia, desde 1908 y con la creación de un Ejército Nacional organizado y profesional, de una sociedad pretoriana, entendida esta última desde lo que al respecto definen los teóricos estadounidenses de las relaciones civiles y militares Samuel P. Huntington y  Amos Perlmutter.

Siendo entonces una sociedad pretoriana que se pasea del control medio y al bajo, con el magro deseo de una civilidad, en apariencia minoritaria, de llegar algún día a una sociedad democrática consensuada, con una institución militar bajo control civil - esto es, en ejercicio pleno del viejo republicanismo racional cívico y civil – existe entonces en el seno del estamento militar la convicción de que tiene un papel actoral en la conducción del país y cuando alguna facción de cierta importancia en términos de cuantía, no está conteste con la marcha de la instituciones, se siente entonces con el derecho inalienable e imprescriptible de echar mano del “ademan y del gesto”, para “corregir” la marcha de lo que considera institucionalmente erróneo.

Asimismo, la sociedad civil (incluyendo en este conglomerado a todo lo que no es militar) cuando estima que las instituciones son erráticas o transitan por un camino “no deseado” invoca la presencia de los hombres de armas, expresamente y/o a través de algún artilugio jurídico (como en la actualidad la invocación al artículo 350 de la Constitución Nacional o en el caso de la Junta Patriótica en 1957, que exigiese a la institución armada el cumplimiento de los deberes que le imponía la Constitución de 1953)  para la resolución del o los conflictos que las “instituciones civiles” no son capaces de resolver.

Arribamos entonces a la asignación, por propia voluntad o por invocación oportuna del sector civil,  del “golpe como oficio político-militar”. Esta oportunidad resulta tentadora para arrojarse en los brazos de un intento de pergeñar ideas.

Son deberes del estamento militar en Venezuela (deber establecido además en todos nuestros estructuras jurídicas, al menos desde 1908) en tiempos de guerra, la defensa de la soberanía nacional, expresada en la protección y defensa del territorio nacional, y en tiempos de paz, la garantía del orden interno y la paz pública, mediante la seguridad del cumplimiento de las leyes. Añádase a estas obligaciones el aparente oficio del “Golpe de Estado”, sin mención expresa pero de “consentimiento colectivo”. Al otorgarle a los militares la capacidad para interferir como actores políticos, olvidando su condición de institución al margen de la defensa de un proyecto político en particular, se les está abriendo el camino para que intervengan bajo cualquier circunstancia, esto es, que el estamento militar como un todo o apenas un grupo influyente de aquel, intervenga en la cosa pública, derroque el sistema político imperante o haga exigencias enérgicas en un ejercicio parcial del “ademan y del gesto”.

Esa ha sido nuestra fortuna o acaso nuestra desgracia. Y la interferencia militar, como lo explicamos en líneas previas, no puede atribuirse únicamente a un “calamitoso destino que viene desde la impronta bolivariana”, se trata tal vez - al menos la evidencia empírica conspira para pensarlo - de una sociedad  de tendencia pretoriana, que se debate entre controles altos y controles bajos de lo civil sobre lo militar, pero que se niega a abandonar su impronta cuartelaría por aquello de que “Seguro mató a Confianza”…Si vis pacem parabelum”…o… ¡Viva Gómez y adelante!…




[1] “Estas vías servirán como guía general, mientras que para el caso específico de Venezuela serán de gran importancia aquellas estudiadas y expuestas por Luis Castro Leiva. Estas vías de las que hemos venido hablando son: 1) La vía del Atlántico, que trascurre a través de Maquiavelo y Harrington (Estados Unidos de América) 2) La vía de Roma-Francia: Maquiavelo-Rousseau-Montesquieu. 3) La vía del Derecho Romano 4) La vía de las Belles Lettres.”  Jasen Ramírez, Victor Genaro;  Pág.4
[2] “…si un ciudadano desea mantener su libertad debe asegurarse de vivir en un sistema político en el que no exista ningún elemento de poder discrecional (…) se debe vivir en un sistema en el que el poder único de la promulgación de leyes resida en el pueblo o sus representantes acreditados (…) Si y solo sí se vive en un sistema de autogobierno semejante podrá privarse a los gobernantes de todo poder de coacción discrecional (…) Desde esta perspectiva del ciudadano individual, las alternativas son escuetas: a menos que se viva bajo un sistema de autogobierno se vivirá como esclavo (…) solo se puede ser libre en un Estado libre…” Skinner, Quentin; La libertad antes del liberalismo. Pág.51 y 52.
[3] “Que la moral de las virtudes ciudadanas – del civismo – puede interpretarse de diferentes maneras en el republicanismo porque se la ha interpretado y practicado de muy diversas maneras, y que en la confrontación entre sus diferentes versiones el civismo pasivo es y ha sido menos digno de admiración que el civismo activo. Que el mundo de las leyes de los “ciudadanos nocionales” es menos excitante y por lo tanto más apático y tanto menos moral que la sobreexcitación de los hacedores del gesto moral turbulento de la república romántica de la decisión. Puesto de modo más sencillo que hay un republicanismo de las paradas y del lance y hay un republicanismo de leyes morales universales. El uno más intuitivo – por tanto más encarnado y encarnable – y más poblado de pasiones y deseos humanos que el otro, cual es contra-intuitivo y abstracto, magisterial y pedante en su abandono de la encarnación histórica para ser solo lo que es: esencialmente verbo amonestador y conciencia de universalidad y de idealismo impracticable, precisamente por tener que renunciar a la razón práctica (…) el republicanismo renacentista y su culto a la grandezza refuerza los arranques románticos y voluntaristas que son tan propios de lo que llamara en el contexto de Gallegos el republicanismo del ademan y del gesto.Castro Leiva, Luis;  Ese Octubre nuestro de todos los días…Pág. 43 y 76. Las negrillas son nuestras…
[4] …el Ejército de diciembre de 1935, es una institución armada (…) a la cual se han implantado las más modernas ideas (…) de patriotismo, de exaltación de los héroes militares de la Independencia, del culto a la figura de Simón Bolívar, de la obligación moral de los oficiales, y de que la nación es el ejército y el ejército es la nación (…) el bolivarianismo entendido por López Contreras podría dotar a su gobierno de una filosofía de acción y una “armazón” ideológica, cercana a los principios de patriotismo y nacionalismo, que el Ejército asumía como banderas, como herederos perpetuos de las glorias de Bolívar.Cardozo-Buttó-Ramos, El incesto Republicano…. Págs. 103 y 113. Las negrillas son nuestras…
[5] “Así pues el proyecto militar y su incesto con las fuerzas civiles de la sociedad venezolana, encuentra basamento en la idea primigenia de que este país es producto de la concepción militar-política de los padres fundadores. Idea secularmente enraizada en el imaginario colectivo nacional. Ello explica porque en Venezuela es posible un proyecto pretoriano, cuando no abiertamente militarista, desde comienzos del siglo XX. La venia de la sociedad civil al respecto es la mezcla de su incapacidad ante la fuerza – física y discursiva – y de admiración soterrada por el verde oliva.” Cardozo-Buttó, El incesto Republicano… Pág.15.
[6] El primero de las actos del habla aquí transcrito corresponde a un fragmento del acta constitutiva de la junta militar de gobierno que se instalase el 23 de enero de 1958, con ocasión de la partida del general Marcos Pérez Jiménez. El segundo, en el otro extremo del espectro político, pertenece al manifiesto al que le diesen lectura radial los oficiales navales alzados, el 4 de mayo de 1962, con ocasión de la rebelión militar de la guarnición de Carúpano y que se denominara con posterioridad El Carupanazo.

27 de mayo de 2017

VENEZUELA...: El discurso del golpe. Prolegómeno. ¿Civiles y militares o Militares y civiles?

Durante la exhaustiva campaña de medios que tuvo lugar en los días previos al golpe de Estado del 11 de abril de 2002, pudimos observar un titular de prensa de singular fuerza ilocucionaria y que nos permitimos transcribir con la misma intensidad litográfica que se aprecia en el diario que lo publicó:

“LOS MILITARES TIENEN LA ÚLTIMA PALABRA.”

El DRAE en el significado correspondiente al vocablo palabra, en una de sus acepciones cita textualmente “…última…Decisión que se da por definitiva e inalterable…” y coloca como ejemplo la locución “He dicho mi última palabra…” para presentarla luego en forma interrogativa “¿Es esta su última palabra?...”

En el análisis del titular como acto de habla, si se sustituye el sujeto de la locución del DRAE de la primera persona del verbo haber “He dicho mi última palabra” por la tercera persona del plural (ellos), para insertar un sujeto como “Los militares han dicho su última palabra”  el acto podría asumirse ahora como “Los militares han tomado una decisión que se da por definitiva e inalterable.”

En otro orden de ideas, si la última palabra está referida a “…una decisión que se da por definitiva e inalterable…”  entonces el titular presentado podría ser equivalente a decir “Los militares tienen una decisión que se da por definitiva e inalterable…”  o un equivalente adicional “Los militares tienen que tomar una decisión definitiva e inalterable…” .  Lo que nos interesa resaltar con la exposición previa, es el peso del acto de habla, vale decir, la fuerza ilocucionaria con la que se le pretende cargar, respecto de lo que se espera de una institución a la que el acto está evidentemente dirigido. Esa fuerza ilocucionaria tanto en los actos del habla como en las acciones per se, ha caracterizado una suerte de invocación en la historia política nacional y es ese contexto general el que queremos describir dentro de lo que hemos llamado "el prolegómeno de un discurso"[1].

Desde que el General Cipriano Castro y el General Juan Vicente Gómez (junto a la acción concluyente de ese proyecto institucional, aquella atribuible sin duda al General Eleazar López Contreras) crearon el Ejército Nacional como garante del poder hegemónico de la "tónica montañera"[2], la institución armada  ha sido invocada por el estamento civil (o ella se ha auto invocado) para la resolución de conflictos que las “instituciones”[3] del Estado no resultasen capaces de subsanar. El Ejército Nacional, trocado luego en Fuerzas Armadas Nacionales, para devenir hoy día en Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha ejercido un papel censor, de control y hasta de árbitro de la vida política nacional.

A todo evento, tanto el político de oficio como el ciudadano común, asoman la posibilidad del golpe cuando, a decir de la parla popular “la cosa política no está bien”. Si entendemos el lenguaje político en los términos del Profesor J.G.A Pocock, como una forma prescripta de hablar lo público en un tiempo y un espacio determinado, "el golpe", con toda la fuerza que el vocablo arrastra,  pareciese formar parte del lenguaje político tanto de las clerecías como del común en Venezuela.

Esa invocación o solicitud de “ayuda” militar para resolver "ejecutivamente" las transiciones de nuestros sistemas políticos, pueden verse en ambos sentidos, tanto de lo militar hacia lo civil como (y nos atrevemos a afirmar con más énfasis) de lo civil hacia lo militar[4]. Así por ejemplo, la Unión Patriótica Militar solicita la “compañía” de Acción Democrática para la rebelión del 18 y el 19 de octubre de 1945; es el Doctor Edmundo Fernández, un “médico civil”, quien asume la tarea de hacer los contactos de rigor entre “civiles políticos” y “militares complotados”. En las asonadas protagonizadas por el Teniente Genarino Peña Peña y el Capitán Wilfredo Omaña, hay participación de dirigentes clandestinos de AD[5]; el contacto se hace a través de Simón Sáez Mérida, entonces joven dirigente del partido blanco (más bien por iniciativa de él) y, en otras ocasiones, con el Doctor Leonardo Ruíz Pineda en los meses previos a su muerte. Otro tanto ocurre en la “caída” del general Marcos Pérez Jiménez; luego de su partida, los oficiales que desde la entonces Escuela Militar están al tanto de la huida del Presidente, tratan de tomar contacto expedito con la Junta Patriótica como organización civil y a través  del Doctor Oscar Centeno Lusinchi como vocero de ese cuerpo colegiado,  mientras este último, actuando por cuenta de la Junta, ya ha adelantado conversaciones con oficiales descontentos en las Fuerzas Armadas, desde algunos meses antes.[6]

El Porteñazo y el Carupanazo, fruto de la planificación y acción de oficiales navales, del Ejército y de la Guardia Nacional (en una modesta cuantía para el caso de esta último componente militar), cuentan con la participación de dirigentes del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, quienes con antelación, han trabado contacto con los oficiales conspiradores e incluso participan en los combates que se protagonizan en ambas plazas.

Para los casos del 4 de febrero de 1992 y su par del 27 de noviembre, no obstante ser movimientos incubados al interior del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con una pequeña participación de la Guardia Nacional, partidos como la Causa R y los restos de la Liga Socialista, así como una parte de la joven dirigencia de Bandera Roja, al mismo tiempo que grupos de civiles sin militancia partidaria alguna, han trabado contacto con los líderes militares de ambas asonadas y se incorporan activamente como combatientes en las acciones militares que surgen como consecuencia de su realización.

En el caso del 11 de abril de 2002, resulta evidente la invocación sistemática de un sector de la población, a la inmediata participación de lo militar en la "resolución ejecutiva" de una crisis institucional[7]. Medios, empresarios, banqueros, jerarquía eclesiástica y la dirigencia de los partidos políticos tradicionales (ideólogos, políticos de oficio y negociantes), invocan la presencia castrense (soldados) por cualquier vía, desde la solicitud expresa en el acto de habla citado como titular al inicio de estas líneas, pasando por "la invocación del cumplimiento de los deberes patrios de la institución armada" a los que está obligada “por mandato constitucional”, hasta llegar al insulto y la falta de respeto, hacia los miembros del personal militar en general.[8] Verificado el golpe, parte de la escolta civil del presidente de facto, resulta integrada por miembros vinculados al empresariado privado nacional (negociantes), fotografiados además portando armas de guerra y en la sede de la Comandancia General del Ejército, lo que pudiese servir de testimonio gráfico acerca de la posible preexistencia de una acción planificada en contubernio[9].

Es precisamente esa conjunción de intereses particulares los que se favorecen, en un momento igualmente particular, de las ilocuciones que hoy día hacen parte del lenguaje político nacional: nos referimos a ilocuciones como “hay descontento en los cuarteles” o “se oye ruido de sables en palacio”.

Con la calificación (si fuese posible la extensión conceptual) de cuasi universales filosóficos (como parecieran también serlo las locuciones adverbiales “todo el mundo” y “nunca antes” en nuestro lenguaje coloquial venezolano, para servir de recursos explicativos en cuanto “a gente que participa en”  y a “ocurrencias en el tiempo”),el descontento en los cuarteles” (sin mensura alguna porque no se sabe cuántos cuarteles) y el ruido de sables (también inmensurable porque si el sable es asociable al oficial, tampoco se sabe cuántos profesionales participan) sirven al propósito de cualquier interés de grupo para crear desazón en la población (inestabilidad) o incentivo para la promoción y conveniente acumulación de la “murmuración” en el seno de la institución armada.

De práctica común, como la evidencia empírica pareciese sugerir, la “murmuración” pudiera definirse, en lenguaje militar doméstico de cuartel (ampliable a bases aéreas y navales así como a naves y aeronaves), como el comentario interpersonal (negativo, malsano) jamás admitido por vía reglamentaria y relativo a los superiores, la institución y, en última instancia, al gobierno nacional[10]; esta práctica cotidiana pudiera ser asociable a la “conspiración” en una cuantía más exagerada, llegando a resultar a la larga recurso retórico de singular poder corrosivo. Si existiese un malestar general fruto del descontento hacia alguna situación nacional (o particular) o hacia el comportamiento de los mandos superiores o ambas simultáneamente, la “murmuración” es un potente catalizador de la desazón. Imposible de evitar en condiciones normales, es incontenible en el tiempo que precede al conflicto. Y es en este tiempo que la conjunción de intereses particulares tiene lugar y el fantasma del golpe, con su afán de “grandeza”, se hace presente.

Por vía empírica es posible argumentar entonces que mientras mayor sea la identificación de intereses entre civiles (románticos, ideólogos, políticos de oficio y negociantes) y militares (soldados) y la murmuración se haga más intensa en el seno de la fuerza militar, más corpóreo se hará el espectro golpista y, en consecuencia, mayor la probabilidad de su aparición “in corpore presente”.

“Ruido de sables”   ; “Descontento en los cuarteles”;  “Hay rumor de golpe”;  “…si la cosa sigue así, a este le van a dar un golpe…”   ; “Sí la gobernabilidad se sigue deteriorando, no quedará más remedio que el golpe…”   ; “Si el Presidente no ha renunciado, ni está preso, ni es sujeto de ninguna medida judicial, no queda la más mínima duda de que estamos ante la  presencia de un golpe de Estado…”  Todos estos actos de habla son muestras de declaraciones reales, aparecidas en los medios o expresadas por agentes específicos en documentos de difusión pública y reflejan fórmulas de manifestación del pensamiento político, articuladas en el discurso de agentes en los dos bandos generados por el golpe: los que golpean y los golpeados.

Representan, en una sucesión del tiempo histórico contenido entre los años 1945 y 2002, el prolegómeno de un discurso asociable al "golpe militar" pero, más aún, a una suerte de lenguaje político que rodea al evento y que pudiese, en sus contenidos y convenciones más profundas, llegar a sustituir al lenguaje consustancial a un sistema político condenado a desaparecer o en todo caso a modificarse, sea que la asonada hubiese terminado en laudatorio éxito o en el más rotundo fracaso. Acaso una suerte de "Dixit"  que culmine siendo inexorable cada vez que se lo invoque....¡Ojo avizor!...




[1]En el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) el significado que figura para el  vocablo Prolegómeno es el siguiente: Tratado que se pone al principio de una obra o escrito, para establecer los fundamentos generales de la materia que se ha de tratar después. Sin pretensiones de Tratado, esta parte del trabajo pretende establecer precisamente los fundamentos generales (entendiendo por fundamento la base sobre la cual se construye) acerca de cómo se construye un discurso y luego un lenguaje en torno al golpe militar en Venezuela, fundamentos que se consideran soportados  en dos bases accionarias, a saber, la aparente existencia de una invocación de lo militar por lo civil o su propia postulación en la solución de las crisis del sistema político y la identificación de intereses, así como objetivos, entre los sectores complotados, sean civiles o militares. Esa propensión a la búsqueda de objetivos comunes, produce discursos que reflejan complicidades indiscutibles una vez verificado el golpe.
[2] Con esta locución “tónica montañera”, define el historiador Armas Chitty a los tiempos de los Generales Castro, Gómez y López.
[3] …más bien el barniz de tal que a lo largo del tiempo hemos tenido.
[4] Resdal, pág.30
[5] Resdal, pág 29
[6] El propio Doctor Oscar Centeno Lusinchi, farmaceuta, dueño de la farmacia Gran Avenida, ubicada en la Calle Real de Sabana Grande, en la Caracas de entonces, hizo varias referencias sobre el particular, tanto en entrevistas de prensa como de TV, en la ocasión de celebrarse un aniversario más del 23  de enero.
[7] Según se desprende de la observación empírica de las intensas campañas sobre el particular, emitidas por los medios privados de comunicación, hecho comprobable en textos como “Los documentos del Golpe” editado por el MINCI entre los años 2003 y 2004, así como en el libro “Abril, Golpe Adentro” del periodista Ernesto Villegas.
[8] Se hizo reiterado el arrojo de ropa interior femenina al personal militar en diversas oportunidades, en especial en la ciudad de Caracas.
[9] En los medios de comunicación del país, se hizo pública una fotografía del Doctor Pedro Carmona Estanga, mandatario de facto de 2002, custodiado por dos civiles, cargados además con ingente armamento de guerra. Más tarde se pudo determinar se trataba de jóvenes empresarios venezolanos que hicieran parte del complot contra el gobierno del Presidente Hugo Chávez.
[10] La murmuración, dependiendo de su insania o maledicente profusión así como su propalación sin tasa y medida, podría constituir delito militar.

21 de mayo de 2017

VENEZUELA CONTEMPORÁNEA: golpes, lenguajes y el discurso político militar.

A las puertas del sepulcro de la primera década del siglo XX, Venezuela ha traspuesto un cuantos lustros de contiendas civiles, con combatientes de a caballo, armados de lanza y machete; del “roba gallina” de pluma amarilla en el sombrero;  del caudillo decimonónico de “tabaco en la vejiga”; de revolución en revolución, saco y puñal mediante.

Sin embargo persiste, la evidencia empírica pareciera sugerirlo, la turbamulta política de origen castrense en la vida política venezolana, trocando el pendón acomodaticio de la informe montonera, por la elaborada práctica del Golpe de Estado. Fechas como el 19 de diciembre de 1908 y el 7 de abril de 1928; y ya andado el siglo, aquellas correspondientes al 18 de octubre de 1945,  el 24 de noviembre de 1948, el 23 de enero de 1958, el 4 de mayo y el 2 de junio de 1962, el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992; culminando en la más reciente, esto es, el 11 de abril de 2002, son muestras palmarias de aquellas efemérides que pareciesen ser de mayor figuración en nuestro "calendario golpista venezolano", lo que no resulta óbice para mencionar, de pasada, la ocurrencia de múltiples de pequeñas intentonas a un mismo tenor y en el tiempo histórico contenido en el siglo XX, así como en los primeros años del siglo XXI.

El Golpe de Estado, expresión material de lo que Rómulo Gallegos llamó el “republicanismo del ademán y del gesto” ha sido actor singularísimo en las expeditas “soluciones” de las crisis sistémicas de lo político en Venezuela, y los militares, esto es, el Ejército Nacional en un tiempo, Fuerzas Armadas Nacionales en otro y hoy Fuerza Armada Nacional Bolivariana, árbitros de principal figuración en la jugada entre facciones en pugna, cuando no parte activa de ellas.

Una búsqueda incesante entre militares y civiles, unas veces los unos y otras veces los otros, ha creado asociaciones por conveniencia, donde dominan  los conceptos de “pueblo” y “patria” como sujetos protagónicos, definiciones que como lazos de futuro, amarran a agentes de ambos mundos, a saber, aquel de sable y uniforme, y el otro de traje de paisano (e inmerso en trance de banderías partidarias), ambos en pos de un objetivo: el Gobierno Nacional y el control del Estado.

Es posible argumentar, siempre empíricamente, que aquellos de traje de civil pero alma con charreteras, parecieran ir tras una expectativa de reivindicación de “pueblo” , esa suerte de constructo “ideal” al que pertenecen, en la vorágine del golpe, además de ellos y sus copartidarios, todos los que quepan en el saco de los “preteridos de siempre”  según sea la ocasión, los mismos que también, indefectiblemente, asumen la condición de víctimas a las que hay que salvar, a todo evento, de su inequívoco victimario: el gobierno en funciones. 

Comparte ese pensamiento, en una aproximación también empírica en este artículo, lo que definimos como "el civil ideólogo",  entendiendo a este como aquel que pergeña en ideas políticas una doctrina, así como todo el andamiaje teórico que la soporta, para racionalizar la necesaria acción de fuerza como única solución política para las “grandes mayorías postergadas”; tras ellos marcha "el civil romántico", aquel que con canciones alegóricas, enarbolar de banderas y carne expuesta ante el cañón rugiente, aporta la sangre para blasonar, con una enseña más convincente, tan expedita solución.

 Otra conceptualización, en el mismo orden de ideas propias, es aquella que caracteriza al  "civil político de oficio" - equivalente al que define Max Weber como aquel que vive “de y para la política” - y que en nuestra modelo, es quien calcula, azuza con su verbo encendido, pero a la vez procura una conveniente ruta de escape, junto a requiebros de madrigueras a retaguardia “porque la lucha, de sobrevenir la derrota, reclama de mentes lúcidas para su continuación”. Y cierra esta gama de protagonistas civiles, uno singular que definimos nosotros como "el civil negociante", esto es, el que se lucra, se lucrará o servirá de fuente de lucro para quien resulte ganador en el bando que “golpea” o, finalmente y por mampuesto, en el bando “golpeado”  que, dicho sea de paso y a pesar de la asonada, pudiera salir ileso y airoso.

Por la misma vía empírica, argumentamos que "el protagonista militar" en la acción de fuerza, viene vestido de “Patria”, esa otra creación impersonal y atemporal propicia para la contención de todo y de todos, acaso aquella misma construcción que Ramón Díaz Sánchez identificase como “creación romántica” en contraposición de la república como “creación política”. La Patria "siempre en peligro" y por consecuencia, "la impronta de su incuestionable padre: Simón Bolívar".

Y si la “Patria” peligra, peligra el “Pueblo” y, por consecuencia, peligra la institución armada, cuya sangre "es la savia del pueblo”. "El soldado", con independencia de su rango, personifica ese quinto protagonista militar y como los cuatro anteriores, pudiese gravitar en mundos distintos de intereses posiblemente contrapuestos, a saber, la lógica defensa de la amada “Patria”, "su razón de ser y de existir", creída en peligro; la defensa de sus propios intereses profesionales a través de la “Patria”, es  decir, de una “Patria” que los favorezca; sus intereses pecuniarios disfrazados de amor conveniente a la “Patria”; o, acaso y finalmente, el odio a sus superiores, aquellos que, indefectiblemente, representan la patria que no favorece, ni persigue la misma idea de “Patria”, numen de sus deseos o a la “Patria” que no lo favorece en lo estrictamente personal.

Son estos cinco protagonistas construidos, reiteramos, como definiciones empíricas en el presente artículo, los que estimamos se encuentran en ese "nódulo de conflictoque representa el golpe, antes, durante y luego de su ocurrencia. Y los agentes, sean militares o civiles, obedecen a un pensamiento político, pensamiento que se hace discurso, discurso que se convierte, como afirma el profesor J.G.A Pocock, en conjunto articulado de actos del habla.

Ahora bien, la evidencia empírica también parece sugerir que desde la deposición del general Cipriano Castro por el general Juan Vicente Gómez (19 de diciembre de 1908) hasta el golpe de Estado intentado contra el Presidente Hugo Chávez (11 de abril de 2002)  no ha existido asonada, intento de golpe o golpe que no esté dirigido por soldados, aunque con posterioridad ese comando quedase soterrado por la figuración civil, colocando a la fuerza militar bajo un mando colegiado o de estricto carácter civil. Durante la dirección castrense (y luego de esta, sea que el intento termine en victoria o derrota) pareciera producirse un necesario discurso de origen militar, encarnado acaso en proclamas o comunicados.

En tal sentido cabe preguntarse ¿Es el discurso de los agentes castrenses involucrados en los golpes de Estado en Venezuela un discurso propio, único y estructurado por actos de habla equivalentes o semejantes más allá del tiempo histórico de su ocurrencia? ¿Es esta equivalencia, si existe, producto de la naturaleza de clerecía que toda corporación militar tiene o acaso resultado derivado de algún lenguaje pre-existente? ¿Es el resultado de una relación civil y militar condicionante e histórica, previa al golpe o nace de manera espontánea del propio seno del mundo militar con la anuencia - o acaso conveniente complacencia -  del sector civil que participa en y de la asonada?

Será en los artículos subsiguientes que pretenderemos dar respuesta a esas interrogantes, acotando sin embargo nuestra investigación al examen de un conjunto específico de documentos públicos de, a su vez, un conjunto igualmente específico de golpes de Estado, hayan sido exitosos o no. Los golpes o rebeliones (y los documentos públicos que de ellos se derivan) que representan la muestra sujeta a estudio, a saber, aquella que tuvo lugar el 18 de octubre de 1945, conocido a posteriori como Revolución de Octubre; luego, el protagonizado por la Fuerzas Armadas (más bien el alto mando de entonces) y que diese origen al llamado Gobierno de las Fuerzas Armadas, el 24 de noviembre de 1948; de seguidas, el golpe mediante el cual se pone fin al gobierno de las Fuerzas Armadas, mismo que tiene lugar el 23 de enero de 1958; se continua con los golpes-rebeliones militares del 4 de mayo y el 2 de junio de 1962, conocidos luego como El Carupanazo y El Porteñazo respectivamente; luego, las asonadas militares del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992; y se culmina con el golpe del 11 de abril de 2002. Vayamos pues a su encuentro...





5 de mayo de 2017

LA INCONTINENCIA MILITAR…1948 -1953.

Como resultado natural de la aprobación de la Constitución Nacional “democrática y revolucionaria” de 1947, ese mismo año se realizan los primeros comicios “libres, universales, directos y secretos” de la historia republicana de Venezuela, con el objeto de elegir al Presidente de la República y a los representantes del pueblo venezolano al Congreso de la nación, proceso electoral en el que resulta vencedor el novelista y profesor Rómulo Gallegos Freyre, candidato presidencial de Acción Democrática. Nuevamente, “el partido del pueblo”, se anota, en esta democracia naciente, un importante triunfo, pero difiere del atronador millón de votos que habría obtenido un año antes en las elecciones a la Asamblea Constituyente.

En efecto, AD triunfa en las elecciones a la Asamblea con 1.099.601 votos; en 1947 lo hace para las elecciones presidenciales con 870.000 votos, lo cual implica una disminución de 229.601 votos en apenas un año transcurrido entre contiendas, resultado que se traduce en una caída del 21%, acaso cifra relativa pírrica si se considera el desgaste de una tumultuosa gestión de gobierno, sobre el partido únicamente gobernante. Pero si se le compara con su más cercano competidor, el partido COPEI (que representa además una tendencia radicalmente opuesta a AD), en las elecciones a la Asamblea Constituyente el “partido verde” obtiene 141.418 votos y en las presidenciales de 1947, se alza con 263.000 votos, un incremento de 86% y en el mismo tracto temporal. Aunque en términos absolutos AD sigue siendo el partido más votado, en términos relativos los números parecen contar otra historia. AD  luce estar perdiendo “el favor de los electores”, mientras su más cercano competidor, epítome del conservadurismo “curero”, para nada “revolucionario y popular”, parece capitalizar parte de ese descontento.

De hecho, AD sigue siendo, ahora con mayor intensidad, objeto de ataques, denuncias y acusaciones sobre mala administración de la cosa pública; malversación de fondos públicos por parte de muchos de sus funcionarios, la mayoría militantes del “partido blanco”; agresión, persecución e inquina contra quienes siendo funcionarios públicos, no comulgasen con AD en los organismos del Estado; violencia política contra sus opositores políticos; y como guinda en un magnífico pastel, es acusado, en la persona de algunos de sus más importantes líderes, de intentar realizar actividades proselitistas al interior de instalaciones militares, específicamente en varias regiones del país, creando (fomentando incluso) una división entre “oficiales adecos” y “oficiales no adecos”, denuncia que se hace a lo interno de la institución armada y que se manifiesta, además, en un evidente trato diferenciado y, en algunos casos, mediante tratativas “sutiles” de naturaleza “pecuniaria”.

Una importante acumulación de perturbaciones políticas, socioeconómicas y militares, han sido heredadas por el gobierno constitucional del Presidente Gallegos, quien carente de los atributos del líder carismático dominador, poseídos con suficiencia por su predecesor, aunado, como moral añadidura, a su condición de “repúblico clásico”, personalidad que se refleja en los héroes de sus novelas (como por ejemplo Santos Luzardo o Reinaldo Solar e incluso en ciertos rasgos de Hilario Guanipa), le colocan en un escenario de conflictos del cual acaso sea bien difícil salir indemne.

El 24 de noviembre de 1948, los mismos militares que llevasen al poder a Acción Democrática, Betancourt mediante, ponen preso al Presidente Gallegos y, a la mañana siguiente, es puesto a bordo de un avión y extrañado del país, posiblemente intentando materializar sus captores un destino que retratase un texto final de su obra maestra “Doña Bárbara”: “…más lejos que más nunca…”. No lo logran: aterriza en la República Dominicana y luego en la República de Cuba.

El Alto Mando Militar se ha hecho del poder político, decretando la asunción de un “Gobierno de las Fuerzas Armadas”. Este hecho constituye prueba irrefragable de que no existe “preservativo constitucional” que pueda contener el desfogue de las pasiones, sobre todo cuando estas son de naturaleza inmanente a un gentilicio como el nuestro, en el contexto de una lucha política caracterizada por una suerte de “toma y dame”, dónde aquel que “toma”, hace responsable exclusivo al que “da” de la naturaleza de lo que recibe y aquel que “da” responsabiliza con exclusividad a aquel que “toma” por lo que está recibiendo; una trifulca en la que no existen “culpables”, solo “inocentes”; donde hay siempre “agredidos” nunca “agresores”; y donde todos son “víctimas”, jamás “victimarios”. Pero hay que guardar “las formas”; la incontinencia tiene que ser “maquillada” y no hay mejor “rouge” que aquel que provee “la conveniente cita constitucional”.

Ante el hecho inocultable de que las Fuerzas Armadas se han obrado sobre el flamante texto constitucional “democrático” de 1947, la Junta Militar que se ha instalado, apela a un recurso discursivo que ellos creen particularmente apto para la ocasión, precisamente en su Acta constitutiva, para no dar lugar a duda alguna:

“Para todas las cuestiones de orden constitucional recibirá aplicación la Constitución Nacional promulgada el 20 de julio de 1936, reformada el 5 de mayo de 1945, sin perjuicio de que la Junta dé acatamiento a aquellas disposiciones de carácter progresista de la Constitución promulgada el 5 de julio de 1947, que las Fuerzas Armadas han prometido respetar en su citado manifiesto, y dictar todas aquellas medidas que aconseje o exija el interés nacional, inclusive a la organización de las ramas del Poder Público”[1]

El Doctor Miguel Moreno, Secretario de la Junta Militar de Gobierno, a quien se atribuye la redacción apresurada de los primeros comunicados que el gobierno militar emite, realmente parece denotar cierta “premura castrense” para cumplimentar su elaboración. Este párrafo es antológico: se aplicarán las normas de la Constitución de 1936, reformada el 5 de mayo de 1945, pero ¿Cuáles? Al propio tiempo se aplicarán las normas que convengan de la Constitución de 1947, “…que las Fuerzas Armadas han prometido respetar…” no obstante haber derrocado al gobierno constitucional, acción que parece no contar, pero además, se arroga el derecho (la Junta Militar) de “…organizar las ramas del Poder Público…”  una materia de carácter constitucional que no meramente administrativa y funcional. Firman el acta en calidad de testigos y como miembros del Alto Mando Militar,  los oficiales que a continuación se mencionan: Tte. Cnel. Mario Ricardo Vargas (Inspector General de las Fuerzas Armadas)[2]; Tte. Cnel. José León Rangel (Director General de los Servicios); Capitán de Fragata Wolfgang Larrazábal Ugueto (Comandante de las Fuerzas Navales); Tte. Cnel. Félix Román Moreno (Comandante de las Fuerzas Aéreas); Capitán Oscar Tamayo Suárez (Comandante de las Fuerzas Armadas de Cooperación).

Así las cosas, comienzan las primeras acciones de la Junta Militar “con arreglo a los textos constitucionales antes referidos”:

“…las primeras medidas de la Junta Militar incluyen la detención, y posterior expulsión, del Presidente Constitucional y los miembros del gabinete del gobierno depuesto; la disolución del Congreso Nacional y las Asambleas Legislativas (1 de diciembre de 1948), de los Concejos Municipales y del Consejo Supremo Electoral (7 de diciembre); la ilegalización de AD (…) (7 de diciembre); la renovación de la Corte Federal (8 de diciembre). Además se procedió a la clausura de varios medios de comunicación y la imposición de la censura de prensa y, posteriormente (7 de enero de 1949), al allanamiento de algunas organizaciones obreras y a la disolución de la Confederación de los Trabajadores de Venezuela (CTV), principal organización obrera del país (25 de febrero de 1949).”[3]

El párrafo anterior es palmariamente gráfico y la normativa constitucional parece ser, ante tales acciones, letra presa del más absoluto "rigor mortis". La vida del gobierno de la Fuerzas Armadas discurre sin mayores contratiempos, salvo aquel derivado del secuestro y posterior asesinato de su Presidente, el Comandante Carlos Delgado Chalbaud, ocurrido el 13 de noviembre de 1950, cosa que obliga a “remozar” la Junta Militar con “cierta presencia civil”, misma que asume el Doctor Germán Suárez Flamerich, motivo por el cual el nombre de “Junta Militar” se cambia por el de “Junta de Gobierno”. La parla popular también le cambia el nombre a la Junta: de “Los tres cochinitos” a “El 101”. No es difícil colegir dónde estaba el “0”.

El 1 de diciembre de 1952, dándole cumplimiento al ofrecimiento que le hiciese la Junta Militar y luego la Junta de Gobierno al “pueblo de Venezuela”, esto es, realizar un proceso electoral libre, directo, universal y secreto para la escogencia de un Presidente Constitucional para la República, se realiza en el país una jornada comicial previa para elegir los diputados a “otra” Asamblea Constituyente que le concediese al país “otra” Constitución Nacional, texto en el que se estableciesen “definitivamente” las bases de una “nueva República”. Se presentan tres organizaciones políticas a la contienda, a saber, la Fuerza Electoral Independiente, que representa al Coronel Marcos Pérez Jiménez y sus “acólitos”; Unión Republicana Democrática (URD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI); Acción Democrática y el Partido Comunista  de Venezuela, se encontraban ilegalizados. Se realizan las elecciones con amplia participación popular. Todo es jolgorio y el “furor democrático” brilla en las calles. Al cerrarse las mesas y comenzar los escrutinios, rápidamente se extiende la especie de que URD encabeza las listas, con una abrumadora votación que lo perfila como el virtual ganador; lo sigue de cerca COPEI; la votación para el FEI es magra, contrariamente a la humanidad de su “líder”. Resuenan todavía las palabras del Doctor Germán Suárez Flamerich, Presidente de la Junta de Gobierno, respecto de la promesa hecha al pueblo venezolano: “Os prometo solemnemente, a nombre del Gobierno de la República, que vuestra voluntad será respetada.”[4]

En el transcurso de la tarde, se silencia toda información acerca del resultado electoral. Los miembros del Consejo Electoral renuncian en pleno. Las radios suspenden sus trasmisiones y, en lugar de narradores, noticias o programas variados, se difunde música clásica o de cadencia militar. En la madrugada del 2, se anuncia que el partido triunfante es el FEI y que contará con una abrumadora mayoría de diputados, en la “nueva” y “flamante” Asamblea Constituyente. El mismo 2 de diciembre, el Coronel Pérez Jiménez le envía el siguiente telegrama a los principales representante de URD:

“No cabe el desmentido categórico del grave hecho del acuerdo con partidos en la clandestinidad y antinacionales que a ustedes se les imputa, para probar la buena fe de la aseveración que ustedes hacen. Las ideas expuestas por los oradores de URD en diferentes mítines y la votación de los comunistas y de los de Acción Democrática por la tarjeta amarilla, ha venido corroborar el hecho señalado. La Institución Armada, tan escarnecida por ustedes,  no está dispuesta a admitir que por acuerdos torvos se vaya a lesionar el prestigio y el progreso de la Nación, seriamente comprometido por el triunfo de Acción Democrática y el Partido Comunista que URD ha propiciado.”[5]

Según Pérez Jiménez, no hay argumentos a favor. Insiste el Coronel que esta elección que ha dado el triunfo a URD, en las elecciones de la Asamblea Constituyente, es de naturaleza “fraudulenta” y lo es porque  las “ideas expuestas por los oradores de URD en diferentes mítines y la votación de los comunistas y de los de Acción Democrática por la tarjeta amarilla, ha venido corroborar el hecho señalado”. Esto significa que el discurso político del adversario y la votación mayoritaria de “adecos” (gente de Acción Democrática y del Partido Comunista) han decidido la elección, por lo que es colegible que la población en general parece no contar, de lo que también se deduce que la mayoría de los votantes son adecos o, acaso, los militantes de ambos partidos representan a la mayoría del padrón electoral, afirmación, lo menos, insólita, si se toma en consideración lo estrictamente secreto del voto. Todo parece indicar que la “promesa” de Suárez Flamerich, se ha ido por el albañal de las incontinencias.

El Coronel Pérez Jiménez se constituye en árbitro absoluto y en representación de la Institución Armada, le espeta verboso a la directiva de URD: “la Institución Armada, tan escarnecida por ustedes,  no está dispuesta a admitir que por acuerdos torvos se vaya a lesionar el prestigio y el progreso de la Nación”. Pérez Jiménez habla de “acuerdos torvos”, de la defensa del “prestigio y el progreso de la nación”, y lo que resulta más sorprendente es que reconoce “el triunfo” de Acción Democrática y del Partido Comunista de manera expresa, así como “la complicidad” de URD en la victoria de ambas agrupaciones políticas. Una vez más, como lo hiciesen en 1948, son confesos y convictos del asalto al poder político, asumen el triunfo electoral del adversario, pero estando en juego los “intereses de la nación”, tienen la obligación irrenunciable de proceder por esta vía de fuerza. De nuevo “el defenestrado” lo es por “su culpa” y los militares de ese tiempo, aunque los adversarios tienen razón, no se la  conceden como derecho. Pareciesen querer decir: “el acuerdo torvo es del otro, el nuestro es un acuerdo patriótico.”

Y no hay Constitución anterior que valga, ni la del 36 reformada el 45, menos la del 47: hay que hacer una nueva. Mientras tanto, los representantes electos de los partidos URD y COPEI, se niegan a incorporarse a la Asamblea Constituyente y amenazan con impugnar el resultado. El Doctor Laureano Vallenilla Lanz (realmente Planchart pero no hay manera de que Laureanito no se birle los apellidos de su afamado padre), “invita cordialmente” a los directivos de URD a una reunión en el Ministerio de Relaciones Interiores, del cual es titular. Los Doctores Jóvito Villalba e Ignacio Luis Arcaya se presentan. Tienen una muy breve reunión con Vallenilla, quien les informa, eso sí elegantemente, que “la decisión está tomada”. Al salir del despacho del Ministro, Villalba y Arcaya son puestos presos, montados en una camioneta de la Seguridad Nacional y conducidos finalmente al aeropuerto internacional de Maiquetía, siendo literalmente “depositados” a bordo de un avión, que parte con destino a la República de Panamá. Acaso un curso de acción “constitucionalmente potable” para el gobierno y de la misma calaña del que se sirviesen utilizar con Gallegos. Cosas de la incontinencia militar de entonces…

Finalmente, se convoca por compulsión a la Asamblea Nacional Constituyente y con “quorum absoluto”, por cierto impuesto con las persuasivas prácticas “no constitucionales” del munificente billete,  el adecuado planazo y la acerado cañón de la pistola, se ratifica el nombramiento de Pérez Jiménez (ungido previamente por las Fuerzas Armadas como Presidente Provisional) como “Presidente Constitucional de la República”. Así, con este bautizo de “fastos verdaderamente constitucionales”, propios de la incontinencia militar de ese tiempo, se da inicio a la Venezuela del “Nuevo Ideal Nacional”. ¡Viva la Patria! ¡Viva la Constitución!...¡A la tercera va la vencida!...






[1] GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA. Acta de constitución del Gobierno Provisorio de la Junta Militar. Caracas, 25 de noviembre de 1948. Gaceta Oficial N°22.778.
[2] El Comandante Mario Ricardo Vargas Cárdenas es obligado a firmar el Acta Constitutiva del Gobierno Militar. Mandado a buscar por Rómulo Betancourt a los Estados Unidos de América (dónde se encontraba en tratamiento para la tuberculosis pulmonar, mal del que padecía desde hacía mucho tiempo), para que sirviese como mediador ante el resto del Alto Mando, dado su ascendiente sobre todos los demás oficiales, fue detenido en el aeropuerto a su llegada, trasladado a Caracas y presionado para rubricar el acta respectiva. Al día siguiente fue conminado a partir de nuevo a Estados Unidos, para no regresar nunca más y donde terminara falleciendo al año siguiente.
[3] Mayobre, Eduardo; Venezuela 1948-1958. La dictadura Militar. FUNDACIÓN RÓMULO BETANCOURT. Caracas, 2013. Pág.22
[4] Mayobre…Op.Cit…Pág.109
[5] Mayobre…Idem…..Pág.35

4 de mayo de 2017

LA INCONTINENCIA TRIENAL…1945-1948.

1945 se inicia con una Constitución Nacional reformada. Sin embargo, aquella que en 1936 fuese sujeta de reforma para lograr la elección popular de los diputados, ahora, en 1945, reformada una vez más (a los fines de eliminar el inciso VI y separar la función parlamentaria de la función pública), sigue siendo insuficiente en sus contenidos para la civilidad democrática radical, llegando a ser calificada por Rómulo Betancourt, uno de sus más conocidos líderes políticos, como una “reforma chucuta”.

Betancourt viene insistiendo. desde 1931, que el sistema electoral consagrado en nuestros textos constitucionales, es un sistema “antidemocrático y contrahecho” que sirve al único propósito de “perpetuar en el poder a la misma oligarquía oprobiosa al servicio de los dictadores que hasta entonces nos gobiernan”. La libertad de elegir del pueblo venezolano, según afirma la civilidad democrática radical, no se consagrará definitivamente, hasta que no se le conceda el derecho al ejercicio del voto universal, directo y secreto, para la escogencia de sus representantes al Congreso Nacional y, muy especialmente, al Primer Mandatario Nacional. Y en esa cruzada se empeñan Betancourt y el partido que, hijo del Partido Democrático Nacional, viese la luz el 13 de septiembre de 1941: Acción Democrática, el partido del pueblo.

El 6 de mayo de 1945, Rómulo Betancourt dicta una de sus ya conocidas conferencias en el Teatro Olimpia, tribuna que viene utilizando Acción Democrática y su líder fundamental, para arengar y educar tanto a su militancia como al pueblo llano que se acercase hasta allí. Betancourt toca en aquella ocasión y en su discurso político, el tema esencial que ocupa las mentes y corazones de los políticos venezolanos en aquellas horas: la sucesión presidencial de 1946. Lo curioso es que aborda un “asunto interesante” y en cierto sentido “premonitorio”. Dice Betancourt entonces:

“El proceso de democratización de la conciencia nacional no se ha detenido, como ante una muralla china, en las puertas de los cuarteles. Y por la mente y el corazón de la oficialidad, de los cabos y de los soldados de la aviación, la infantería y la marina circula ese mismo anhelo de dignificación política y de superación democrática del país, presente en el pensamiento de los núcleos civiles de la población nacional.”[1]

Y luego de esta intervención, acota emocionado:

“Y es por todo esto que desde aquí quiero hacer una profecía. Orgulloso como venezolano de poder expresarme así de las fuerzas armadas de mi país: si fuere un civil el próximo Presidente de la República, tendrá en el Ejército apoyo sin regateos, respaldo sin reservas…”[2]

En este exordio, Betancourt asegura que por la mente y corazones del personal militar, corre también ese mismo anhelo de “de dignificación política y de superación democrática del país” vale decir, en cierto modo de “renovación”, acaso una misma aspiración que vemos “condensada” en el Acta Constitutiva de la Unión Militar Patriótica (UMP), la logia de jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales que, al interior de cuarteles, naves y aeronaves militares, se ha ido formando con ocasión del creciente malestar que se está dando al interior de la Institución Armada respecto de su funcionamiento, apresto operacional y desarrollo profesional. En el Acta constitutiva de esa asociación, que sirve al propósito de su secreta juramentación, dicen los oficiales comprometidos allí:

“…haciendo profesión de fe democrática y declarando enfáticamente que no defendemos intereses personales ni de clase y que propiciamos la formación de un gobierno que tenga por base el voto universal y directo de la ciudadanía venezolana, una reforma de la Constitución que sea asimismo expresión de la voluntad nacional…”.

La “fe democrática” a la que se refieren los oficiales de la UMP, acaso sea la misma “encendida fe democrática” que Rómulo Betancourt menciona con insistencia en sus intervenciones públicas o tal vez se trate de un discurso político equivalente que sugiere la identidad, también política, de ese discurso para ese específico tiempo histórico o bien como creencia sentida o como subterfugio discursivo de los jefes militares de la logia, a los fines de abarcar la mayor cantidad de “adhesiones” al hacer referencia a un concepto “sentido” y “emotivamente” vinculado a un amplio sector de la población, del que no pueden sustraerse los militares profesionales. Al propio tiempo, la referencia a una “reforma de la Constitución que sea reflejo de la voluntad nacional”, así como “la formación de un gobierno que tenga por base el voto universal y directo de la ciudadanía”, constituyen actos de habla que coinciden completamente con las más difundidas aspiraciones de la civilidad democrática radical, más específicamente, de Rómulo Betancourt y el partido Acción Democrática.

Pero lo que más llama la atención es ese “giro premonitorio” que hace Betancourt en su discurso, más específicamente, en un acto de habla ilocucionariamente muy preciso: “…si fuere un civil el próximo Presidente de la República, tendrá en el Ejército apoyo sin regateos, respaldo sin reservas…” Betancourt no dice “tendrá en las Fuerzas Armadas”, aunque breves instantes antes menciona el “legítimo orgullo” de expresarse así de “ellas”; el líder político habla específicamente del “Ejército”, afirmando categórico su apoyo “sin regateos” y respaldo “sin reservas”. La Unión Militar Patriótica tiene su origen en el Ejército y es dirigida por oficiales profesionales, activos y efectivos precisamente en el Ejército[3]. El 19 de octubre de ese mismo año, siendo las ocho de la noche de ese día, Rómulo Betancourt Bello es Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, luego que la UMP promoviera una rebelión militar que trajese como consecuencia la renuncia del General Isaías Medina Angarita a la Presidencia Constitucional de la República de Venezuela. Es, por consecuencia, Presidente de facto, atentando de hecho contra la Constitución Nacional vigente para el año 1945. La “superación democrática” y la “encendida fe democrática” parecen haber quedado de lado al momento de tomar esta decisión evidentemente “no constitucional” y para nada “democrática”; tal vez, se trate de un caso de incontinencia política o de la incontinente conveniencia política de la ocasión.

Por supuesto que un nuevo “orden político de cosas” exige su correspondiente Constitución Nacional. Si las reformas sucesivas resultaban “chucutas” e insuficientes para la “civilidad democrática radical”, de la cual Rómulo Betancourt era líder connotado, ahora, con más razón, se hace indispensable su acometimiento. Y así lo hace saber en las primeras de cambio, el 19 de octubre de 1945, al sugerir la implantación del voto directo, universal y secreto para la escogencia del Primer Magistrado Nacional, fórmula inexistente en la Constitución Nacional vigente para ese año:

“El pueblo venezolano, todas las clases sociales democráticas de la Nación, nos respaldarán con su fervor solidario; y ese respaldo hará posible el logro de nuestro objetivo central como Gobierno Provisional: garantizar unas elecciones libérrimas, sin imposición ni parcialización ejecutivista por ninguna de las corrientes en pugna, para que de las limpias manos del pueblo surja un Presidente de la República, lealmente asistido de la confianza nacional.”[4]

Así las cosas, los miembros de la Junta anuncian la convocatoria a una Asamblea Constituyente que permita la redacción y aprobación de una nueva Constitución, destinada esencialmente a la fundación de un Estado democrático. Posteriormente y con arreglo al nuevo orden constitucional, proceder a la convocatoria a un proceso electoral que permita la elección libre, directa y secreta del Primer Mandatario Nacional. Finalmente, los miembros de la Junta renuncian a su derecho a presentarse como candidatos al proceso electoral, que termine realizándose para la escogencia del Presidente Constitucional de la República de Venezuela.

 Las elecciones a la Asamblea Constituyente tienen lugar al filo postrimero de un tumultuoso 1946, entre intentos de golpe y crecientes acusaciones hacia el partido Acción Democrática, por la comisión reiterada de la concusión y el cohecho en el ejercicio de la función pública, así como del uso de la violencia política como arma consistente en la pugna interpartidaria cotidiana. Aun así, AD obtiene la mayoría en el cuerpo constituyente, luego de acumular 1.099.601 votos a favor, correspondiéndole la Presidencia y recayendo esta en el Doctor Andrés Eloy Blanco. En 1947 es aprobada la Constitución de la República por parte de la Asamblea Constituyente, organismo colegiado que además de reconocer a la Junta sus poderes, hasta que se realice el proceso electoral correspondiente, logra se consagre el voto directo, universal y secreto, el derecho a la sindicalización y la tierra para quien la trabaje, así como esenciales garantías laborales a los trabajadores, mediante la reforma de la Ley del Trabajo, misma que se realiza en el marco de las propias sesiones de la Asamblea. Sobre el particular, escribe Rómulo Betancourt, en su afamado libro titulado “Venezuela, política y petróleo”:

“La Asamblea Constituyente reformó también la Ley del Trabajo. Esas reformas se orientaron a procurar la estabilidad en el trabajo y garantizar el ejercicio al derecho de sindicación (…) se estableció el “auxilio de censatía” que se pagaba, además de la prima de antigüedad, en todos aquellos casos en los que el trabajador fuera despedido sin causa justificada o se retirara por causa justificada (…) Se establecieron también el pago remunerado de un día de descanso semanal (domingo) y el 1° de mayo, declarado fecha oficial del trabajo; y se fijó una prima de un 20% por lo menos, sobre el trabajo diurno para el que rendía en horas de la noche. Y se colocó “bajo protección del Estado” a los trabajadores que manifestaran al patrono, por la vía jurisdiccional correspondiente, su propósito de organizar un sindicato.”[5]

Con independencia de tratarse de la primera Constitución Nacional imaginada, discutida, redactada y aprobada en Asamblea Constituyente durante el siglo XX venezolano, con ella sumamos desde 1936, la segunda Constitución en el tracto de once años. Partimos ese año con la Constitución reformada de 1935. En 1944 volvimos a reformarla, para lograr la Constitución de 1945 y ahora, en 1947, queda sin efecto la de 1945, al tratarse este tiempo histórico de un “nuevo orden democrático y revolucionario”. Al sancionarse, tanto el Presidente de la Asamblea como el Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, hacen loas a su “perfección” y la bautizan como “la más moderna y última realización constitucional venezolana”, la misma que tendrá “la honra” de conducir al pueblo y a la Patria por la senda de la democracia, por supuesto con la consabida locución de esperanzadora intencionalidad teleológica “en los años por venir”. La estulticia política partidaria, la incomodidad militar no resuelta y una suerte de decepción popular, unida a intereses pecuniarios de viejas y nuevas oligarquías no sintonizadas, darán al traste con esta nueva experiencia constitucional. En 1948, una nueva incontinencia hará de las suyas: sonará la clarinada mañanera para la asonada militar, mientras para esta Constitución Nacional “democrática y revolucionaria”, que contemplaba la eternidad en 1947, sonará el clarín postrero del toque de silencio…




[1] Suárez Figueroa, Naudy; Rómulo Betancourt. Escritos Políticos.1931-1986. FUNDACIÓN RÓMULO BETANCOURT. Caracas, 1998. Pág.171.
[2] Suárez Figueroa…Op.Cit…Pág.171.
[3] De hecho Rómulo Betancourt reconocerá, años más tarde, haber recibido del entonces Mayor Marcos Pérez Jiménez, líder de la UMP junto al Mayor Julio César Vargas Cárdenas, el ofrecimiento de ser Presidente de la República, ante la eventualidad de una rebelión militar. Betancourt afirmó haber sostenido una reunión secreta con los oficiales antes mencionados, en la casa de habitación del Doctor Edmundo Fernández, a principios de junio de 1945, pero la conferencia del Teatro Olimpia la realiza un mes antes.
[4] Mensaje radial de la Junta Revolucionaria de Gobierno, dirigido al país por el Presidente Provisional Rómulo Betancourt, el 19 de octubre de 1945. Catalá, José Agustín; Papeles de Archivo. 1945-1947. Del Golpe Militar a la Constituyente. Cuaderno Nª9. CENTAURO. Caracas, 1992. Pág. 109.
[5] Betancourt, Rómulo; Venezuela, política y petróleo. SEIX BARRAL. Barcelona, 1979; Pág.263.