Como resultado natural de la
aprobación de la Constitución Nacional “democrática
y revolucionaria” de 1947, ese mismo año se realizan los primeros comicios “libres, universales, directos y secretos”
de la historia republicana de Venezuela, con el objeto de elegir al Presidente
de la República y a los representantes del pueblo venezolano al Congreso de la
nación, proceso electoral en el que resulta vencedor el novelista y profesor
Rómulo Gallegos Freyre, candidato presidencial de Acción Democrática.
Nuevamente, “el partido del pueblo”,
se anota, en esta democracia naciente, un importante triunfo, pero difiere del
atronador millón de votos que habría obtenido un año antes en las elecciones a
la Asamblea Constituyente.
En efecto, AD triunfa en las
elecciones a la Asamblea con 1.099.601 votos; en 1947 lo hace para las
elecciones presidenciales con 870.000 votos, lo cual implica una disminución de
229.601 votos en apenas un año transcurrido entre contiendas, resultado que se
traduce en una caída del 21%, acaso cifra relativa pírrica si se considera el
desgaste de una tumultuosa gestión de gobierno, sobre el partido únicamente
gobernante. Pero si se le compara con su más cercano competidor, el partido COPEI
(que representa además una tendencia radicalmente opuesta a AD), en las
elecciones a la Asamblea Constituyente el “partido
verde” obtiene 141.418 votos y en las presidenciales de 1947, se alza con
263.000 votos, un incremento de 86% y en el mismo tracto temporal. Aunque en
términos absolutos AD sigue siendo el partido más votado, en términos relativos
los números parecen contar otra historia. AD
luce estar perdiendo “el favor de
los electores”, mientras su más cercano competidor, epítome del
conservadurismo “curero”, para nada “revolucionario y popular”, parece
capitalizar parte de ese descontento.
De hecho, AD sigue siendo, ahora
con mayor intensidad, objeto de ataques, denuncias y acusaciones sobre mala administración
de la cosa pública; malversación de fondos públicos por parte de muchos de sus
funcionarios, la mayoría militantes del “partido
blanco”; agresión, persecución e inquina contra quienes siendo funcionarios
públicos, no comulgasen con AD en los organismos del Estado; violencia política
contra sus opositores políticos; y como guinda en un magnífico pastel, es
acusado, en la persona de algunos de sus más importantes líderes, de intentar
realizar actividades proselitistas al interior de instalaciones militares,
específicamente en varias regiones del país, creando (fomentando incluso) una
división entre “oficiales adecos” y “oficiales no adecos”, denuncia que se
hace a lo interno de la institución armada y que se manifiesta, además, en un
evidente trato diferenciado y, en algunos casos, mediante tratativas “sutiles” de naturaleza “pecuniaria”.
Una importante acumulación de
perturbaciones políticas, socioeconómicas y militares, han sido heredadas por
el gobierno constitucional del Presidente Gallegos, quien carente de los
atributos del líder carismático dominador, poseídos con suficiencia por su
predecesor, aunado, como moral añadidura, a su condición de “repúblico clásico”, personalidad que se
refleja en los héroes de sus novelas (como por ejemplo Santos Luzardo o
Reinaldo Solar e incluso en ciertos rasgos de Hilario Guanipa), le colocan en
un escenario de conflictos del cual acaso sea bien difícil salir indemne.
El 24 de noviembre de 1948, los mismos militares que llevasen al poder a Acción Democrática, Betancourt mediante, ponen preso al Presidente Gallegos y, a la mañana siguiente, es puesto a bordo de un avión y extrañado del país, posiblemente intentando materializar sus captores un destino que retratase un texto final de su obra maestra “Doña Bárbara”: “…más lejos que más nunca…”. No lo logran: aterriza en la República Dominicana y luego en la República de Cuba.
El Alto Mando Militar se ha hecho
del poder político, decretando la asunción de un “Gobierno de las Fuerzas Armadas”. Este hecho constituye prueba
irrefragable de que no existe “preservativo
constitucional” que pueda contener el desfogue de las pasiones, sobre todo
cuando estas son de naturaleza inmanente a un gentilicio como el nuestro, en el
contexto de una lucha política caracterizada por una suerte de “toma y dame”, dónde aquel que “toma”, hace responsable exclusivo al
que “da” de la naturaleza de lo que
recibe y aquel que “da” responsabiliza
con exclusividad a aquel que “toma”
por lo que está recibiendo; una trifulca en la que no existen “culpables”, solo “inocentes”; donde hay siempre “agredidos”
nunca “agresores”; y donde todos son “víctimas”, jamás “victimarios”. Pero hay que guardar “las formas”; la incontinencia tiene que ser “maquillada” y no hay mejor “rouge”
que aquel que provee “la conveniente cita
constitucional”.
Ante el hecho inocultable de que las Fuerzas Armadas se han obrado sobre el flamante texto constitucional “democrático” de 1947, la Junta Militar que se ha instalado, apela a un recurso discursivo que ellos creen particularmente apto para la ocasión, precisamente en su Acta constitutiva, para no dar lugar a duda alguna:
“Para
todas las cuestiones de orden constitucional recibirá aplicación la
Constitución Nacional promulgada el 20 de julio de 1936, reformada el 5 de mayo
de 1945, sin perjuicio de que la Junta dé acatamiento a aquellas disposiciones
de carácter progresista de la Constitución promulgada el 5 de julio de 1947,
que las Fuerzas Armadas han prometido respetar en su citado manifiesto, y
dictar todas aquellas medidas que aconseje o exija el interés nacional,
inclusive a la organización de las ramas del Poder Público”[1]
El Doctor Miguel Moreno,
Secretario de la Junta Militar de Gobierno, a quien se atribuye la redacción
apresurada de los primeros comunicados que el gobierno militar emite, realmente
parece denotar cierta “premura castrense”
para cumplimentar su elaboración. Este párrafo es antológico: se aplicarán las
normas de la Constitución de 1936, reformada el 5 de mayo de 1945, pero ¿Cuáles? Al propio tiempo se aplicarán
las normas que convengan de la Constitución de 1947, “…que las Fuerzas Armadas han prometido respetar…” no obstante
haber derrocado al gobierno constitucional, acción que parece no contar, pero
además, se arroga el derecho (la Junta Militar) de “…organizar las ramas del Poder Público…” una materia de carácter constitucional que no
meramente administrativa y funcional. Firman el acta en calidad de testigos y
como miembros del Alto Mando Militar,
los oficiales que a continuación se mencionan: Tte. Cnel. Mario Ricardo
Vargas (Inspector General de las Fuerzas Armadas)[2];
Tte. Cnel. José León Rangel (Director General de los Servicios); Capitán de
Fragata Wolfgang Larrazábal Ugueto (Comandante de las Fuerzas Navales); Tte.
Cnel. Félix Román Moreno (Comandante de las Fuerzas Aéreas); Capitán Oscar
Tamayo Suárez (Comandante de las Fuerzas Armadas de Cooperación).
Así las cosas, comienzan las
primeras acciones de la Junta Militar “con
arreglo a los textos constitucionales antes referidos”:
“…las
primeras medidas de la Junta Militar incluyen la detención, y posterior
expulsión, del Presidente Constitucional y los miembros del gabinete del
gobierno depuesto; la disolución del Congreso Nacional y las Asambleas
Legislativas (1 de diciembre de 1948), de los Concejos Municipales y del
Consejo Supremo Electoral (7 de diciembre); la ilegalización de AD (…) (7 de
diciembre); la renovación de la Corte Federal (8 de diciembre). Además se
procedió a la clausura de varios medios de comunicación y la imposición de la
censura de prensa y, posteriormente (7 de enero de 1949), al allanamiento de
algunas organizaciones obreras y a la disolución de la Confederación de los
Trabajadores de Venezuela (CTV), principal organización obrera del país (25 de
febrero de 1949).”[3]
El párrafo
anterior es palmariamente gráfico y la normativa constitucional parece ser,
ante tales acciones, letra presa del más absoluto "rigor mortis". La vida del
gobierno de la Fuerzas Armadas discurre sin mayores contratiempos, salvo aquel
derivado del secuestro y posterior asesinato de su Presidente, el Comandante
Carlos Delgado Chalbaud, ocurrido el 13 de noviembre de 1950, cosa que obliga a
“remozar” la Junta Militar con “cierta presencia civil”, misma que
asume el Doctor Germán Suárez Flamerich, motivo por el cual el nombre de “Junta Militar” se cambia por el de “Junta de Gobierno”. La parla popular
también le cambia el nombre a la Junta: de “Los
tres cochinitos” a “El 101”. No
es difícil colegir dónde estaba el “0”.
El 1 de
diciembre de 1952, dándole cumplimiento al ofrecimiento que le hiciese la Junta
Militar y luego la Junta de Gobierno al “pueblo
de Venezuela”, esto es, realizar un proceso electoral libre, directo,
universal y secreto para la escogencia de un Presidente Constitucional para la
República, se realiza en el país una jornada comicial previa para elegir los
diputados a “otra” Asamblea
Constituyente que le concediese al país “otra”
Constitución Nacional, texto en el que se estableciesen “definitivamente” las bases de una “nueva República”. Se presentan tres organizaciones políticas a la
contienda, a saber, la Fuerza Electoral Independiente, que representa al
Coronel Marcos Pérez Jiménez y sus “acólitos”;
Unión Republicana Democrática (URD) y el Comité de Organización Política
Electoral Independiente (COPEI); Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela, se encontraban ilegalizados. Se
realizan las elecciones con amplia participación popular. Todo es jolgorio y el
“furor democrático” brilla en las
calles. Al cerrarse las mesas y comenzar los escrutinios, rápidamente se
extiende la especie de que URD encabeza las listas, con una abrumadora votación
que lo perfila como el virtual ganador; lo sigue de cerca COPEI; la votación
para el FEI es magra, contrariamente a la humanidad de su “líder”. Resuenan todavía las palabras del Doctor Germán Suárez
Flamerich, Presidente de la Junta de Gobierno, respecto de la promesa hecha al
pueblo venezolano: “Os prometo
solemnemente, a nombre del Gobierno de la República, que vuestra voluntad será
respetada.”[4]
En el
transcurso de la tarde, se silencia toda información acerca del resultado
electoral. Los miembros del Consejo Electoral renuncian en pleno. Las radios
suspenden sus trasmisiones y, en lugar de narradores, noticias o programas
variados, se difunde música clásica o de cadencia militar. En la madrugada del
2, se anuncia que el partido triunfante es el FEI y que contará con una
abrumadora mayoría de diputados, en la “nueva”
y “flamante” Asamblea Constituyente.
El mismo 2 de diciembre, el Coronel Pérez Jiménez le envía el siguiente
telegrama a los principales representante de URD:
“No cabe el desmentido categórico del grave hecho del acuerdo con
partidos en la clandestinidad y antinacionales que a ustedes se les imputa,
para probar la buena fe de la aseveración que ustedes hacen. Las ideas
expuestas por los oradores de URD en diferentes mítines y la votación de los
comunistas y de los de Acción Democrática por la tarjeta amarilla, ha venido
corroborar el hecho señalado. La Institución Armada, tan escarnecida por
ustedes, no está dispuesta a admitir que
por acuerdos torvos se vaya a lesionar el prestigio y el progreso de la Nación,
seriamente comprometido por el triunfo de Acción Democrática y el Partido Comunista
que URD ha propiciado.”[5]
Según Pérez Jiménez, no hay
argumentos a favor. Insiste el Coronel que esta elección que ha dado el triunfo
a URD, en las elecciones de la Asamblea Constituyente, es de naturaleza “fraudulenta” y lo es porque las “ideas
expuestas por los oradores de URD en diferentes mítines y la votación de los
comunistas y de los de Acción Democrática por la tarjeta amarilla, ha venido
corroborar el hecho señalado”. Esto significa que el discurso político del
adversario y la votación mayoritaria de “adecos”
(gente de Acción Democrática y del Partido Comunista) han decidido la elección,
por lo que es colegible que la población en general parece no contar, de lo que
también se deduce que la mayoría de los votantes son adecos o, acaso, los
militantes de ambos partidos representan a la mayoría del padrón electoral, afirmación, lo menos, insólita, si se toma en consideración lo estrictamente secreto del voto. Todo parece indicar que la “promesa” de Suárez Flamerich, se ha ido
por el albañal de las incontinencias.
El Coronel Pérez Jiménez se
constituye en árbitro absoluto y en representación de la Institución Armada, le
espeta verboso a la directiva de URD: “la
Institución Armada, tan escarnecida por ustedes, no está dispuesta a admitir que por acuerdos
torvos se vaya a lesionar el prestigio y el progreso de la Nación”. Pérez
Jiménez habla de “acuerdos torvos”,
de la defensa del “prestigio y el
progreso de la nación”, y lo que resulta más sorprendente es que reconoce “el triunfo” de Acción Democrática y del
Partido Comunista de manera expresa, así como “la complicidad” de URD en la victoria de ambas agrupaciones
políticas. Una vez más, como lo hiciesen en 1948, son confesos y convictos del
asalto al poder político, asumen el triunfo electoral del adversario, pero
estando en juego los “intereses de la
nación”, tienen la obligación irrenunciable de proceder por esta vía de
fuerza. De nuevo “el defenestrado” lo
es por “su culpa” y los militares de
ese tiempo, aunque los adversarios tienen razón, no se la conceden como derecho. Pareciesen querer
decir: “el acuerdo torvo es del otro, el
nuestro es un acuerdo patriótico.”
Y no hay Constitución anterior que
valga, ni la del 36 reformada el 45, menos la del 47: hay que hacer una nueva. Mientras tanto, los representantes electos
de los partidos URD y COPEI, se niegan a incorporarse a la Asamblea
Constituyente y amenazan con impugnar el resultado. El Doctor Laureano
Vallenilla Lanz (realmente Planchart pero no hay manera de que Laureanito no se
birle los apellidos de su afamado padre), “invita
cordialmente” a los directivos de URD a una reunión en el Ministerio de
Relaciones Interiores, del cual es titular. Los Doctores Jóvito Villalba e
Ignacio Luis Arcaya se presentan. Tienen una muy breve reunión con Vallenilla,
quien les informa, eso sí elegantemente, que “la decisión está tomada”. Al salir del despacho del Ministro,
Villalba y Arcaya son puestos presos, montados en una camioneta de la Seguridad
Nacional y conducidos finalmente al aeropuerto internacional de Maiquetía,
siendo literalmente “depositados” a
bordo de un avión, que parte con destino a la República de Panamá. Acaso un
curso de acción “constitucionalmente
potable” para el gobierno y de la misma calaña del que se sirviesen
utilizar con Gallegos. Cosas de la incontinencia militar de entonces…
Finalmente, se convoca por
compulsión a la Asamblea Nacional Constituyente y con “quorum absoluto”, por cierto impuesto con las persuasivas
prácticas “no constitucionales” del
munificente billete, el adecuado planazo
y la acerado cañón de la pistola, se ratifica el nombramiento de Pérez Jiménez
(ungido previamente por las Fuerzas Armadas como Presidente Provisional) como “Presidente Constitucional de la República”.
Así, con este bautizo de “fastos
verdaderamente constitucionales”, propios de la incontinencia militar de
ese tiempo, se da inicio a la Venezuela del “Nuevo
Ideal Nacional”. ¡Viva la Patria!
¡Viva la Constitución!...¡A la tercera va la vencida!...
[1] GACETA
OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA. Acta de constitución del Gobierno
Provisorio de la Junta Militar. Caracas, 25 de noviembre de 1948. Gaceta
Oficial N°22.778.
[2]
El Comandante Mario Ricardo Vargas Cárdenas es obligado a firmar el Acta
Constitutiva del Gobierno Militar. Mandado a buscar por Rómulo Betancourt a los
Estados Unidos de América (dónde se encontraba en tratamiento para la
tuberculosis pulmonar, mal del que padecía desde hacía mucho tiempo), para que
sirviese como mediador ante el resto del Alto Mando, dado su ascendiente sobre
todos los demás oficiales, fue detenido en el aeropuerto a su llegada,
trasladado a Caracas y presionado para rubricar el acta respectiva. Al día
siguiente fue conminado a partir de nuevo a Estados Unidos, para no regresar
nunca más y donde terminara falleciendo al año siguiente.
[3]
Mayobre, Eduardo; Venezuela 1948-1958. La dictadura Militar. FUNDACIÓN
RÓMULO BETANCOURT. Caracas, 2013. Pág.22
[4]
Mayobre…Op.Cit…Pág.109
[5] Mayobre…Idem…..Pág.35
