El 30 de octubre
de 1945, a ochenta y ocho años de distancia de la emisión de los juicios de Pal
Rosti, cuando denostase a los gobernantes de turno, Rómulo Betancourt, como
cabeza de un nuevo “movimiento
revolucionario” le arrostra a sus predecesores, en teoría “defenestrados” por “Pueblo y Ejército unidos”, la siguiente acusación:
“El
régimen, imbuido de orgullo demoníaco y resuelto a mantener a todo trance la
situación que le permitía a sus más destacados personeros enriquecerse ilícitamente y traficar con el patrimonio
colectivo, desoyó ese llamado de
la opinión democrática…”[1]
Apenas tres años más tarde, sujeto el gobierno revolucionario de las mismas acusaciones de
concusión, cohecho, tráfico de influencias y corrupción galopante, el 12 de
febrero de 1948, en su último mensaje al Congreso, con ocasión del final del
gobierno trienal, el entonces Presidente saliente afirma:
“…faltaríamos
a la verdad si dijéramos que en todos los cuadros de la Administración Pública
ha habido la misma asepsia y la misma pulcritud para manejar los dineros
nacionales. Más de un funcionario subalterno ha desfalcado al Erario, cometiendo
acto delictuoso debidamente comprobado; y ha pesado sobre otros la sospecha de
que percibían estipendio cohechador de comerciantes nacionales o extranjeros,
habituados a competir en el mercado donde se trafica con las influencias…”[2]
El Presidente lo reconoce: “…faltaríamos
a la verdad si dijéramos que en todos los cuadros de la Administración Pública
ha habido la misma asepsia y la misma pulcritud para manejar los dineros
nacionales”. Admite la existencia de
la concusión en el manejo de los fondos públicos durante la gestión de la
administración pública que correspondió al gobierno revolucionario, pero
culpabiliza expresamente a “más de un
funcionario subalterno” a quienes acusa de “haber desfalcado el Erario” mediante la comisión de “acto delictuoso debidamente comprobado”, con la complicidad de "comerciantes nacionales o extranjeros, habituados a competir en el mercado donde se trafica con las influencias".
De manera que quedan excluidos los militares, en particular los de alta
graduación, los funcionarios públicos de jerarquía superior y los jefes
políticos del partido, y, por primera vez, se responsabiliza a comerciantes nacionales y extranjeros como aquellos promotores del "estipendio cohechador". Quien sabe que razones lo impulsan para librar de la
práctica a los más altos personeros, depositando su ocurrencia en “más de un funcionario subalterno” pero
cuando el perro muerde a su amo, así será de malo. Que arroje la primera piedra
quien esté libre de pecado…Sin mácula, solo la virgen María…a menos que
estuviese “enchufada” en algún
gobierno venezolano…
[1]
Consalvi, Simón Alberto; La Revolución de Octubre 1945-1948. La primera
república liberal democrática. Serie Antológica de Historia Contemporánea de
Venezuela. FUNDACIÓN RÓMULO BETANCOURT. Caracas, 2010. Pág.134 y 135.
[2] Suárez Figueroa,
Naudy; Rómulo Betancourt. Selección de escritos políticos. 1929-1991.
FUNDACIÓN RÓMULO BETANCOURT. Caracas, 2006. Pág. 234
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